El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
El Gobierno de Donald Trump anunció que cobrará nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% a los productos que entren a Estados Unidos desde unos 60 países y regiones, entre ellos varios de América Latina como México, Costa Rica y Panamá, además de la Unión Europea, Japón y Canadá.
El argumento para justificar esta medida gira en torno al concepto de «trabajo forzoso», que se refiere a las situaciones en las que se obliga a personas a trabajar bajo amenaza, explotación o condiciones de servidumbre.
La administración Trump justificó el cobro de estos nuevos aranceles asegurando que, tras una investigación oficial, detectó que las naciones sancionadas no realizan esfuerzos suficientes para erradicar la explotación laboral en sus industrias. Según la postura de Washington, la tolerancia a estas prácticas permite fabricar bienes a costos artificialmente bajos, lo que termina generando una competencia desleal frente a las empresas y trabajadores estadounidenses.
Es decir, no hay ningún cuestionamiento a la situación de los trabajadores sometidos a estos regímenes, sino que el problema para la supuesta mayor democracia del mundo occidental es que de ese modo se abaratan los productos.
Excusas
Para la mayoría de los países afectados, la apelación al trabajo esclavo es solo una excusa jurídica. La necesidad de acudir a este argumento surge después de que la Corte Suprema estadounidense frenara los intentos previos de aplicar aranceles globales generalizados. Para sortear ese obstáculo legal, la administración de Trump recurrió a la denominada Sección 301, un mecanismo normativo que habilita la imposición de sanciones comerciales cuando se argumenta que un socio extranjero incurre en prácticas laborales o comerciales perjudiciales.
Desde la región, la respuesta no se hizo esperar. El Gobierno de Brasil calificó la decisión de arbitraria y acusó a la Casa Blanca de manipular un problema social grave para disfrazar una política puramente proteccionista. Las autoridades brasileñas remarcaron que el país es reconocido internacionalmente por sus controles contra la explotación laboral y recordaron que ratificaron 66 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, a diferencia de Estados Unidos, que solo suscribió a diez.
Frente a este panorama, Brasil y otros gobiernos afectados adelantaron que recurrirán a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para frenar la medida.
