La asamblea provincial de delegados escolares de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) comenzó el paro docente con un fuerte pronunciamiento contra el gobierno de Jujuy, al que acusaron por violencia institucional, mediática y persecutoria.
Desde el gremio exigieron el cese inmediato de las amenazas y del hostigamiento hacia los trabajadores que se movilizan en defensa de salarios dignos y el derecho constitucional a la protesta.
La medida de fuerza fue respaldada por los mandatos escritos de las delegaciones zonales de Ledesma, San Pedro, Palpalá, Perico, Capital, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa y La Quiaca. Según informaron desde la conducción, la determinación cuenta con legitimidad estatutaria y ya fue notificada formalmente ante las autoridades correspondientes.
El esquema del plan de lucha provincial contempla para este lunes 3 de agosto la adhesión total a la huelga nacional convocada por Ctera, con una concentración desde las 9:00 en la sede central del gremio en Capital para marchar por el centro de la ciudad. El plan continuará el martes 4 y miércoles 5 con un paro provincial de 48 horas que incluirá acciones territoriales, ollas populares, cacerolazos y permanencias.

Entre los reclamos salariales, los docentes expresaron su rechazo al incremento del 4% otorgado de forma unilateral y demandaron un haber equivalente a la Canasta Básica Familiar, junto con un 50% de aumento al básico.
También solicitaron un suplemento de $2.000.000 por dedicación exclusiva para equiparar al sector jerárquico, el pase del presentismo al básico, el no descuento de los días de huelga y el respeto a la representación sindical tras rechazar declaraciones oficiales que desconocen la existencia del gremio.
En cuanto a las condiciones de trabajo, ADEP reclama la equiparación de horas cátedra entre docentes de grado y de materias especiales, la creación de gabinetes psicopedagógicos, la implementación de un protocolo de protección integral ante denuncias infundadas y el pago del ítem frente a alumnos y de la quinta hora para secretarios.
Por otra parte, la docencia se declaró en estado de alerta ante lo que consideran un intento de ajuste presupuestario mediante el nucleamiento de grados y la colocación de personal en disponibilidad, situaciones que ponen en riesgo puestos de trabajo. En el plano interno, la asamblea exigió la renuncia de la Junta Provisoria por incumplimiento de funciones y demandó a la Junta Electoral la oficialización del cronograma de elecciones en un plazo máximo de diez días hábiles.

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