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Un documento histórico de cuatro páginas conservado en los archivos provinciales de Tucumán sacó a la luz la respuesta inmediata del Gobierno argentino tras la usurpación de las Islas Malvinas a principios de 1833.
Se trata de una carta oficial enviada por el entonces gobernador de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, a su par tucumano, Alejandro Heredia, con el objetivo de informar a las provincias del interior sobre el despliegue militar británico en el Atlántico Sur.
La misiva se redactó a partir del informe presentado por el comandante de la goleta Sarandí, José María Pinedo, quien presenció la llegada de la corbeta británica HMS Clio a Puerto Soledad.
En el texto, las autoridades calificaron el hecho como una «nueva escandalosa agresión» cometida «en deshonor del Pabellón Argentino», expresando el desconcierto oficial ante un acto de fuerza ejecutado por una nación con la que se mantenían acuerdos de amistad y comercio.
Resistencia en el archipiélago
De acuerdo con el registro epistolar, el 2 de enero de 1833 el capitán británico John Onslow intimó a Pinedo para que arriara la bandera argentina y evacuara a las tropas junto con la población local en un lapso de 24 horas. El oficial nacional rechazó el emplazamiento, elevó sucesivas protestas formales e intentó postergar la medida a la espera de instrucciones de Buenos Aires.
Frente a la advertencia de Onslow sobre la disponibilidad de tropas y refuerzos, Pinedo dejó asentada la responsabilidad de Gran Bretaña por la violación territorial. Antes de retirarse del lugar, el comandante dio la orden de mantener el pabellón argentino izado y dejó el establecimiento bajo la custodia del poblador Juan Simón. No obstante, al día siguiente efectivos ingleses desembarcaron en Puerto Soledad, arriaron la insignia patria e izaron la británica.
Estrategia diplomática y dimensión federal
El manuscrito, que lleva también la firma del ministro Manuel Maza, deja constancia de la «firme resolución» del Gobierno argentino de iniciar las gestiones diplomáticas ante la corona británica. La postura oficial buscaba obtener una reparación por los daños, el reconocimiento de la soberanía nacional sobre el archipiélago y el restablecimiento del dominio territorial.
El valor documental de la pieza radica en comprobar que, a pocas semanas de la invasión, existió una articulación de información federal que buscó consolidar una posición unificada entre Buenos Aires y las provincias norteñas frente al reclamo de soberanía.
