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El Poder Ejecutivo abrió la instancia de revisión sobre las partidas presupuestarias previstas para Discapacidad y Universidades Nacionales dentro del proyecto de ley del Presupuesto 2027.
La decisión busca destrabar las negociaciones con los bloques legislativos aliados, principalmente del PRO y la UCR, cuyos votos resultan indispensables para garantizar la sanción del cálculo de recursos y gastos en el Congreso.
En la Casa Rosada reconocen que la formulación inicial de la pauta de gastos generó cortocircuitos con las bancadas cercanas y desencadenó tensiones internas. Con la apertura de esta mesa de discusión, el oficialismo intenta evitar un traspié legislativo y frenar el avance de planteos judiciales en el fuero federal.
Esquema alternativo en discapacidad
En el área de Discapacidad, la estrategia oficial apunta a dejar sin efecto la prórroga de la Emergencia Nacional regulada por la Ley 27.793. A cambio de no extender este marco excepcional durante el período 2027, el Ejecutivo propone estructurar un régimen permanente que contemple refuerzos presupuestarios directos y contenga las compensaciones requeridas por los prestadores a raíz del atraso acumulado entre 2023 y 2024.
Uno de los puntos de mayor fricción reside en la intención gubernamental de desarmar el nomenclador único universal por financiador, abriendo la puerta a que cada prestador fije valores a partir de una tarifa mínima. En forma paralela, la Secretaría de Discapacidad dispuso un ajuste mensual del 1,7% correspondiente al mes de septiembre dentro del esquema reglamentario en vigencia.
Brecha en el financiamiento universitario
Respecto de las casas de alto estudio, la Casa Rosada procura incrementar el piso de financiamiento propuesto originalmente sin convalidar de manera íntegra el monto reclamado por los rectores. El proyecto remitido al Parlamento fija una partida de $7,349 billones para gastos de funcionamiento e inversión, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estimó un costo operativo de $11 billones, lo que deja una brecha a negociar de $3,65 billones.
En la conducción nacional confían en que acordar una cifra intermedia permitirá atenuar la litigiosidad y destrabar las acciones judiciales y medidas cautelares promovidas por la aplicación de la Ley 27.795, vinculadas a la recomposición de los salarios docentes y no docentes.
