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Las comisiones de Igualdad de Género y de Derechos Humanos de la Legislatura provincial reactivaron su labor en el Salón Marcos Paz con dos temas de fuerte impacto social: la ejecución de recursos contra la violencia machista y la urgencia de capacitar al Estado frente a la trata de personas en zona de frontera.
En Género, bajo la conducción de la diputada Natalia Morales, el foco estuvo en la aplicación real de la Ley Iara. Se discutió la asignación presupuestaria, la falta de refugios suficientes para las víctimas, la falta de personal en los equipos de asistencia y el acceso a la vivienda.
Además, fijaron fecha para dictaminar sobre el cupo laboral trans, analizaron regímenes de licencias para el sector público y docente, y recibieron a mujeres de comunidades originarias que plantearon la urgencia de sus territorios.
En tanto, Derechos Humanos, encabezada por Matías Paternó, debatió la creación de un programa obligatorio de formación en trata de personas para funcionarios públicos.
Se remarcó la posición fronteriza de la provincia como factor clave para prevenir este delito.
Para evitar que el texto quede solo en intenciones, acordaron citar a las fuerzas de seguridad (Gendarmería y Policía), al Consejo Provincial de la Mujer y a especialistas del área antes de darle dictamen definitivo.
