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El juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, aceptó la apelación del Ejecutivo nacional contra la resolución que respaldó la Ley de Financiamiento Universitario. La definición sobre el fondo de la cuestión quedó ahora en manos de la Cámara de Apelaciones del fuero.
A pesar de habilitar el recurso, el magistrado dispuso la continuidad de la medida cautelar. En consecuencia, el Gobierno nacional continúa obligado a enviar las partidas para el funcionamiento de las casas de altos estudios, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y la actualización de las becas para estudiantes.
Desde el Ministerio de Capital Humano fundamentaron la apelación señalando que la norma compromete el equilibrio fiscal al no prever una caja específica. Según la postura oficial, la asignación requerida afectaría más del 90% de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado.
Definición en la Cámara
Con esta decisión judicial, las transferencias a las universidades públicas se mantienen vigentes mientras el tribunal de alzada analiza la apelación.
