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Sindicatos y movimientos sociales exigen embargar bienes de banqueros imputados en lugar de usar dinero público para resarcir el desfalco.
El Gobierno de Pedro Alliana prometió completar el pago del remanente en las próximas horas. La calle, mientras tanto, mantiene su exigencia de que los responsables respondan con sus patrimonios. Foto: EFE.
En un pronunciamiento oficial a través de redes sociales, el presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana confirmó que el Fondo de Garantía de Depósitos giró 330 millones de dólares para pagar a 1.740.000 pequeños ahorristas. El monto alcanza a casi el 95 % de quienes perdieron sus depósitos, por lo que el mandatario sostuvo que el Gobierno respondió «con hechos» y prometió abonar el remanente en las próximas horas. «La recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad», aseveró.
Por su parte las centrales sindicales y los movimientos sociales concentrados en Asunción interpretan el desembolso como una socialización de las pérdidas. Sostienen que el uso de fondos estatales para cubrir los depósitos libera de responsabilidad a los directivos de la entidad financiera.
Los gremios reclaman que se confisquen de inmediato los patrimonios de los banqueros imputados, en lugar de sanear el agujero con dinero público. El descontento se expresa en todo el país en marchas multitudinarias que reclaman una salida. La calle considera que el rescate con recursos del Estado traslada a la ciudadanía el costo de una quiebra originada en decisiones privadas y en la confluencia de intereses entre los reguladores y el poder económico.
Las organizaciones populares recuerdan que Alliana ocupó la vicepresidencia en la administración saliente y que sostiene una alineación estratégica con Washington, Esa trayectoria alimenta la desconfianza de los manifestantes.
En Paraguay, Ueno Bank, del grupo del que fue socio el expresidente Santiago Peña, captó fondos del Estado y de las jubilaciones y, según el Banco Central, los prestó a empresas de su propio dueño. La Fiscalía imputa a 27 personas por tentativa de estafa. Las ganancias fueron privadas; el rescate de casi tres millones de ahorristas moviliza ahora recursos públicos.
Cuando el Banco Central intervino Ueno Bank, el martes 3 de noviembre, la entidad administraba entre 800 y 850 millones de dólares de fondos públicos, 355 millones de ellos de las jubilaciones. Dos días después Santiago Peña, que había sido accionista de un holding del mismo grupo empresarial, presentó la renuncia, la cual no fue aprobada por el congreso que procedió a su destitución, mientras los diputados avanzaban en la formulación de su juicio político.
El expediente judicial describe otra cosa que una quiebra, porque la Fiscalía imputa a 27 personas por lesión de confianza y tentativa de estafa, y el Banco Central denunció que Ueno prestó el dinero del público a empresas de su propio dueño, Miguel Vázquez, disfrazadas de independientes. El jueves, Vázquez y otros cinco directivos quedaron en prisión preventiva.
Un banco que nació con el nuevo Gobierno
Ueno Bank obtuvo la licencia bancaria a fines de 2023, el mismo año en que Peña llegó al Palacio de López. Su presidente hasta agosto había sido Carlos Carvallo, que ese año pasó a presidir el Banco Central, el organismo que desde entonces debía vigilarlo.
Seis meses más tarde, cuando Ueno absorbió Visión Banco y con él su cartera morosa. El Banco Central aprobó la fusión con dos facilidades por 5,1 billones de guaraníes, unos 691 millones de dólares, y le permitió diferir el reconocimiento de la cartera deteriorada del banco absorbido. Con ese respaldo, la entidad digital recién nacida se convirtió en uno de los cuatro bancos sistémicos del país, y su crecimiento empezó a apoyarse en otra fuente, menos visible en los balances.
El banco le prestaba a su propio dueño
Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA le debían a Ueno 743.784 millones de guaraníes en abril de 2026, unos 123 millones de dólares. La ley le permitía prestar a su grupo, como máximo, 82 millones.
Para esquivar ese tope, el banco declaró que las tres firmas ya no tenían relación con el Grupo Vázquez. Los supervisores del Banco Central concluyeron lo contrario. Las acciones habían pasado a exgerentes y empleados del grupo, entre ellos una jefa de Recursos Humanos, y doce de las personas que manejaban sus cuentas en línea trabajaban para itti, la empresa tecnológica de la casa.
Los créditos salían «a sola firma», sin garantías y por montos que las deudoras no podían pagar. Cuando el regulador hizo las cuentas, exigió ajustes por más de 1,6 billones de guaraníes, y la solvencia de Ueno cayó a 5,56 %, menos de la mitad del 12 % que pide la ley.
El dinero del Estado y de los jubilados
Desde que Peña asumió, en agosto de 2023, los depósitos estatales en Ueno no pararon de crecer. A fines de junio de 2026 sumaban unos 869 millones de dólares, el 29 % de todo lo que captaba el banco. Querey calcula una cifra mayor, de unos 1.200 millones en dinero público, que las fuentes oficiales no confirman.
Las jubilaciones siguieron la misma ruta desde octubre de 2024, cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) compró bonos de Ueno por 32 millones de dólares y Peña despachó las críticas como una «campaña mediática». Once meses más tarde, el instituto tenía 316,4 millones en el banco, casi la mitad del dinero público depositado allí. El economista Rodrigo Ibarrola observó que el salto coincidió con un cambio en el reglamento de inversiones del IPS.
Querey sostiene que ese cambio fue apenas uno entre varios y que la serie incluyó, en sus palabras, «leyes del Banco Central del Paraguay», la ley orgánica del IPS y nuevos decretos y reglamentaciones. Hoy quedan atrapados 355 millones de dólares de los jubilados, y unos 32.000 cobraban su pensión por Ueno. El IPS dice que esa suma equivale al 9 % de su cartera; el libelo acusatorio la ubica cerca del 11 %, por encima del tope de 10 % que la norma fija para un solo banco.
Resumen Latinoamericano
