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La Cámara Federal de la Seguridad Social dictó un fallo de fuerte impacto previsional al declarar la inconstitucionalidad del mecanismo de movilidad que rigió durante el gobierno anterior.
La resolución de la Sala II ordenó recalcular los haberes de una jubilada y estableció que el esquema previo generó una pérdida real del poder adquisitivo superior al 46% durante su vigencia.
El pronunciamiento judicial surgió a partir de una demanda impulsada contra la Anses por la jubilada Carmen Galletta.
Los magistrados revocaron el fallo de primera instancia y determinaron que la fórmula establecida por la ley 27.609 —aplicada entre enero de 2021 y mediados de 2024— carecía de defensas efectivas frente a los procesos inflacionarios, acumulando un incremento en los haberes del 553,55% frente a una suba del Índice de Precios al Consumidor que trepó al 1.129,07% en el mismo lapso.
Parámetros del recálculo y alcance judicial
Para subsanar el perjuicio económico, el tribunal dispuso reemplazar el mecanismo cuestionado por la fórmula de actualización trimestral que contemplaba la normativa sancionada en 2017, combinando la evolución inflacionaria con el índice de salarios registrados.
A su vez, la resolución estableció que el reajuste debe empalmar desde mediados de 2024 con el régimen de movilidad mensual vigente.
Pese a la contundencia de los argumentos sobre la pérdida de los saberes previsionales, los jueces aclararon que la sentencia posee efectos circunscriptos al expediente de la demandante y no constituye una medida de aplicación automática ni masiva para el conjunto de los pasivos.
No obstante, el criterio sienta un importante antecedente jurisprudencial para los miles de litigios en trámite que cuestionan el perjuicio sufrido por los haberes durante el período analizado.
