Con el reloj en contra y tras una intensa ronda de negociaciones en la Cámara alta, el oficialismo consiguió las firmas necesarias para emitir despacho favorable al proyecto de reforma electoral del Poder Ejecutivo.
Si bien La Libertad Avanza logró encaminar su prioridad central —frenar las elecciones primarias del próximo año—, el expediente llegará al recinto, previsto en principio para el jueves 26, con fuertes recortes respecto del borrador original, entre ellos la eliminación de las listas colectoras.
El acuerdo se selló cerca de las 20, cuando el oficialismo alcanzó once rúbricas sobre las diez exigidas en comisión. La ingeniería política volvió a quedar en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien encabezó los contactos con los bloques dialoguistas, replicando el esquema de negociación que semanas atrás le permitió destrabar la sanción y posterior reglamentación de la ley de zonas frías.
El despacho de mayoría reunió el acompañamiento pleno de seis integrantes del bloque libertario: Patricia Bullrich, Agustín Coto —presidente de la comisión—, María Belén Monte de Oca, Nadia Márquez, Luis Juez e Ivanna Arrascaeta, junto a los radicales Eduardo Vischi y Rodolfo Suárez.
Para alcanzar el número reglamentario resultaron decisivas tres adhesiones en disidencia: la parcial del catamarqueño Flavio Fama (UCR), quien retornó sobre el cierre para estampar su firma, y las disidencias simples de los peronistas no alineados Carlos Espínola y Alejandra Vigo.

En el plano normativo, el articulado suspende de manera excepcional durante 2027 las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias establecidas por la Ley N° 26.571, así como todas las instancias administrativas y legales derivadas de su organización.
De aprobarse la reforma, cada fuerza política definirá sus postulantes a cargos nacionales según lo que dispongan sus propias cartas orgánicas, mientras que los frentes electorales lo harán a través de sus reglamentos internos, dentro del marco de la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral.
Otro de los capítulos centrales incorpora el criterio de Ficha Limpia. La iniciativa bloquea las candidaturas de quienes tengan una condena por delitos dolosos ratificada en segunda instancia o en etapa de revisión antes del 31 de diciembre del año previo a los comicios, siempre que se haya confirmado al menos uno de los delitos fijados en el fallo original, incluso si se hubiera modificado el monto de la pena.
En caso de que la confirmación judicial ocurra a partir del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación recién entrará en vigencia una vez concluido ese turno de votación.
El texto también introduce cambios en las reglas de campaña y difusión. Por un lado, recorta a la mitad los espacios gratuitos que los servicios de comunicación audiovisual y la televisión por suscripción deben ceder por ley para publicidad electoral, bajando el piso actual del 5% al 2,5% de la programación total.

Por otro, limita la organización de debates presidenciales públicos a cargo de la Cámara Nacional Electoral únicamente para el escenario de balotaje, dentro de los diez días anteriores a la segunda vuelta, aunque todavía resta despejar si la participación de los candidatos será obligatoria u optativa.
Finalmente, el dictamen redefine el mecanismo de integración del Parlamento del Mercosur y el diseño de votación en turnos concurrentes.
Según adelantó Bullrich, los 24 parlamentarios regionales dejarán de elegirse por voto directo y pasarán a ser designados por las legislaturas de cada provincia, mientras que los 19 representantes del distrito único serán nombrados por el Congreso nacional, repartidos en doce lugares para Diputados y siete para el Senado.
A su vez, cuando haya elecciones provinciales o municipales en la misma fecha que las nacionales, las categorías locales podrán sumarse a la Boleta Única de Papel bajo los lineamientos técnicos del Código Electoral Nacional.
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