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La dirigente social Milagro Sala reclamó ayer al presidente del Parlasur, el excanciller Jorge Taiana, que se haga presente en Jujuy para tomarle juramento como parlamentaria del Mercosur en la cárcel de mujeres de Alto Comedero, donde cumple 292 días de detención.
La solicitud de Sala fue enviada mediante una carta escrita a mano que le entregó a Gabriel Mariotto, quien estuvo este miércoles en el penal, junto a Fernando Esteche, del partido Miles.
En la carta, la líder de la Tupac Amaru expresa: “Compañero Jorge Taiana, Presidente del Parlasur: Por medio del compañero Gabriel Mariotto y en conocimiento de la propuesta de tomarme juramento en la penitenciaría de Alto Comedero donde estoy ilegalmente privada de la libertad, solicito a usted que a la brevedad se haga presente para realizar dicho acto estando en ejercicio pleno de mis derechos civiles y por el cual podré representar al pueblo en la función que he sido electa».
El texto continúa: «El dictamen de Naciones Unidas en reclamo de mi libertad expone la arbitrariedad del poder judicial de mi provincia y el ensañamiento contra mi persona y el resto de los compañeros detenidos de parte del gobernador que impone un brutal atropello interviniendo en otros poderes del Estado».
«Por ellos, reclamo el ejercicio de jurar como parlamentaria y asumir como representante del pueblo que me votó nuevamente, le reclamo querido compañero la toma de juramento en mi injusto lugar de detención; esperando verlo próximamente por acá», concluye, y firma «Milagro Sala, presa política».
Para Sala, el dictamen que emitió la semana pasada el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, la tiene a un paso de la libertad, pero el gobernador Gerardo Morales ya expresó que “el documento no es vinculante”, por lo tanto lo desestimó, más allá de que el informe del organismo internacional está dirigido al estado nacional.
Dicha resolución afirma que la detención de la señora Milagro Sala es «arbitraria» y en consecuencia pide «al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato», según informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Anmistía Internacional y Andhes, las tres organizaciones que presentaron la denuncia.
