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María Molina y Elba Jesús Galarza siguen imputadas por encubrimiento, pero seguirán las instancias de la causa en libertad. Este jueves, el juez Gastón Mercau dispuso su liberación, tras casi 200 días que pasaron en una celda de la Comisaría de la Mujer de Los Huaicos. La abogada Paloma Álvarez Carreras, una de los letrados que representan a las dos mujeres, detalló en diálogo con El Submarino Radio (91.5 MHz) las irregularidades que llevaron, en primer lugar, al apartamiento del primer juez de la causa, Pablo Pullen Llermanos, y finalmente a la resolución de liberarlas.
“La resolución de ayer se dio en un contexto bastante difícil que venimos atravesando desde enero”, repasó Álvarez Carreras, y estimó que el juez Mercau actuó a derecho, “lo que no podía ser de otra manera porque desde abril, cuando las compañeras fueron detenidas por orden del juez Pullen Llermanos, que las imputó por encubrimiento, sostuvimos que no había elementos de prueba para acusarlas de ese delito ni para mantenerlas privadas de libertad”.
La excarcelación se había solicitado dos veces, y había sido negada. Finalmente, los abogados hicieron un planteo inhibitorio, lo que significa plantear que el juez no tenía competencia para investigar los hechos que les imputaba.
De esa forma, Pullen Llermanos dejó de intervenir en la causa y el expediente pasó al juez Mercau, con intervención del fiscal Araya. Allí se hizo un nuevo pedido de cese de detención, que es el que se aceptó ahora y derivó en la liberación de Molina y Galarza.
El argumento es que no hay motivos para que sigan detenidas, porque no existen elementos o indicios acreditados por la fiscalía respecto a que ellas pudieran evadir la justicia o entorpecer la investigación. Por lo tanto, la investigación de cualquier delito que se les pudiera imputar se podía llevar adelante con ellas en libertad.
Condiciones inhumanas
Los 196 días que Molina y Galarza pasaron detenidas, estuvieron alojadas en la Comisaría de la Mujer del barrio Los Huaicos. Sus abogados denunciaron que estaban en condiciones inhumanas y sometidas a un régimen discriminatorio, diferente al que se aplica a cualquier persona detenida en una unidad carcelaria, pues en la seccional solo podían recibir visitas de familiares directos y una hora dos veces por semana.
Incluso denunciaron que en más de una ocasión de visitas de diputados y senadores nacionales se negó la autorización; y en las que se dio el visto bueno, hubo requisas violentas por parte de personal de Infantería. “Una situación muy irregular, porque las comisarías son solo lugares de paso, de tránsito”, precisó la abogada.
-¿El fiscal Araya estuvo de acuerdo con la liberación?
-Curiosamente, el fiscal Araya emitió un dictamen negativo, con argumentos que ya había utilizado el juez Llermanos para negar la excarcelación. Habla de la gravedad de los delitos que se les imputan, de que la investigación está en curso, dice que no se sabe qué otros delitos cometieron y que podrían entorpecer la investigación, pero no hace referencia a qué medidas podrían entorpecer la investigación. Habla de peligrosidad en términos abstractos. Todo esto, a pesar de que se trata de un delito excarcelable y a pesar también de que en esta causa está imputado también el abogado Bellido, quien tiene la misma imputación que las compañeras, y con las mismas condiciones de las compañeras, sin antecedentes ni detenciones anteriores, y sin embargo cuando solicitó su excarcelación a él le hicieron lugar de inmediato. Claramente fue un tratamiento diferenciado y discriminatorio, por pertenecer a la organización.
-¿Conversó con María y Elba? ¿Cómo están?
-Hemos tenido comunicación más que nada con la familia. Queremos que ellas tengan su momento de intimidad, que puedan disfrutar de su familia y de que les hayan reconocido un derecho que se venía vulnerando. Están bien y contentas. En lo legal, las dos ya han asumido sus obligaciones de estar a disposición de la justicia.
Camino al jury
Al denunciar y pedir el jury para el juez Pullen Llermanos, los abogados plantearon ante el Superior Tribunal de Justicia una serie de irregularidades.
En principio, el juez inició la causa a partir de la declaración de Paes, procesado en una causa de tentativa de homicidio en un enfrentamiento entre bandas que ocurrió en 2007, quien cambió su relato señalando a Milagro Sala como instigadora del hecho. A partir de esos dichos, el juez imputó a Sala por ese mismo delito.
A la vez, Paes señaló a María Molina y a Elba Galarza de haber encubierto su propio evadir de la justicia, pues antes de ser detenido había pasado un tiempo prófugo. Y la hija de Paes declaró lo mismo: que las dos mujeres compañeras contribuyeron a encubrir la situación de su padre.
Hoy Paes está desvinculado de la causa en la que había sido procesado. El juez Pullen Llermanos primero lo benefició con prisión domiciliaria y después le otorgó el sobreseimiento total y definitivo.
