El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió denunció este martes ante la Justicia a dos secretarios y un director del Ministerio de Energía y Minería que encabeza Juan José Aranguren por «beneficiar» a las empresas de las que fueron parte antes de desembarcar en el Gobierno de Mauricio Macri.
Según el texto de la presentación al que tuvo acceso ámbito.com, Carrió solicitó investigar si los tres funcionarios cometieron supuestas «negociaciones incompatibles» con la función pública. En un principio, la denuncia alcanza al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; al subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y al director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.
La denuncia, que surgió a raíz de una investigación del programa Minuto 1 que se trasmite por C5N, se presentó en la Cámara Federal y por sorteo recayó con el número de causa 16.819/2016, en el juzgado federal N° 11, del juez Claudio Bonadio.
La legisladora reclamó que se «determine si los nombrados, en el ejercicio de sus funciones pudieron haber intervenido sea mediante la suscripción de resoluciones y/o mediante gestiones y/o habiéndose interesado en operaciones vinculadas a empresas de los que fueron parte, hasta antes de asumir la función pública; afectando la ‘imparcialidad’ y ‘fidelidad’ en el desempeño de sus funciones».
La jefa de la Coalición Cívica, la fuerza aliada del PRO y UCR para llegar a la Casa Rosada, justificó la iniciativa por los «cargos jerárquicos» que ocuparon en las principales petroleras del país.
Según Carrió, Sureda fue entre 1999 y 2015 vicepresidente de ventas de Pan American Energy (PAE), la mayor productora de crudo, cuyas acciones comparte con Bridas y la empresa china CNOOC. Mientras que Popik -dice la diputada- trabajó para Repsol YPF y con posterioridad ocupó distintos cargos en Exxon y Axion Energy, entre 2012 y 2015, teniendo en cuenta que Axión absorbió las antiguas estaciones de servicio ESSO, de Exxon.
En la denuncia, la aliada de Macri aclaró que la Dirección de Gas Licuado de Petróleo de Barile se encarga de distribuir entre las empresas fraccionadoras, los cupos de gas propano para ser envasados, y fija además las bocas de carga autorizadas para el aprovisionamiento del fluido. «Esos ‘permisos’ terminan definiendo la extensión de los ‘beneficios’ de cada empresa, en el marco del mercado de las garrafas sociales», advirtió.
En este contexto, Carrió detectó que los funcionarios suscribieron dos resoluciones, del 7 de junio y el 2 de agosto pasados, que «habrían beneficiado directa y/o indirectamente a tres empresas: Pan American Energy (PAE) y Panamerican Sur S.A., eximiéndolas de sus respectivos aportes de fluidos previstos desde el año 2005, en beneficio de las garrafas sociales que se distribuyen en el mercado a menor valor», mientras que a la firma Refinol S.A. le «habrían reducido sustancialmente la carga que tenía impuesta a los mismos fines». Los aportes que las dos primeras debían realizar, los habría cubierto la estatal ENARSA, completó.
La diputada reveló que PAE y Panamerican Sur habrían «argumentado» como fundamento a la eliminación de su aporte, la discontinuidad en la producción de gas licuado petróleo, lo que las había hecho cesar en sendas calidades de productoras. En tanto, que el argumento para reducir los aportes de Refinol habría sido las «alteraciones en la calidad de gas proveniente de Bolivia».
«Lo cierto es que estos posibles ‘beneficios’ a las empresas mencionadas antes, habrían derivado de actos administrativos en los que están directamente interesados los denunciados y en cuyas gestiones no sólo se han interesado, sino que han participado. Esto más allá de quien pudiera haber plasmado la rúbrica final de ellos», remarcó la legisladora.
Como medidas de prueba, Carrió recomendó al juez Bonadio que requiera al ministerio de Aranguren el expediente S-1 0043399/2016 y todos los contratos con PAE, Panamerican Sur y Refinos y que los cite a declarar. Pero además, propuso que la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, aporte «toda actuación administrativa que pudiera involucrar a los denunciados».
