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La vocalía 8 del Tribunal Oral Criminal 3 suspendió hoy la audiencia preliminar que estaba prevista en el marco de una causa armada en contra de Mirta Guerrero y Patricia Jaldín, ambas dirigentes de la Tupac Amaru, en febrero de 2016, quienes fueron acusadas por presunta violación de domicilio en la fábrica de bloques que posee la organización y por supuestas amenazas.
Las defensas presentaron pedidos de nulidad y cuestionaron la actuación de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, nombrada para perseguir a Milagro Sala y a integrantes de la organización barrial.
Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte, defensores de Guerrero, solicitaron la nulidad del proceso que fue impulsado por la entonces Fiscal de Menores, Liliana Fernandez de Montiel. El planteo central gira en torno a la ilegalidad de la actuación de la funcionaria que tras haber sido designada por el Superior Tribunal de Justicia para actuar durante la primera semana de la feria judicial, según lo establece la ley, debería haber iniciado su licencia.
Sin embargo, el titular de la Fiscalía de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, emitió una resolución en la cual la designaba para actuar durante el resto de la feria en todas aquellas causas vinculadas con Milagro Sala y la Red de Organizaciones Sociales.
«La creación de comisiones especiales o designaciones ad hoc, como la de este caso, están expresamente prohibidas por la Constitución Nacional. Esta defensa entiende que esa designación tuvo una evidente intencionalidad de persecución hacia los miembros de la Tupac Amaru», señalaron los letrados de la defensa. Hay que recordar que Lello Sánchez fue denunciado penalmente por esa designación.
La causa contra Guerrero y Jaldin, fue iniciada por un ex grupo de cooperativistas de la Red de Organizaciones Sociales que, luego de reunirse con Gerardo Morales procedieron, en febrero del año pasado, a retirarse del acampe y a tomar la fábrica bloquera que se encuentra en el barrio de la Tupac Amaru en Alto Comedero y pertenece a la organización barrial. Por el hecho, ambas dirigentes estuvieron 14 días detenidas y fueron liberadas el 8 de marzo del año pasado.
Las dirigentes, que se enteraron de la existencia de una orden de detención en su contra por los medios de comunicación, se presentaron de manera voluntaria y espontánea en el juzgado de Control en lo Penal a cargo del juez Isidoro Cruz para ponerse a disposición de la justicia por sus propios medios y estar a derecho.
Tras 14 días de haber estado detenidas en la Comisaría de la Mujer ambas mujeres fueron liberadas, aunque luego, en el marco de otra causa, Mirta Guerrero fue nuevamente detenida.
Según explicaron los abogados, el día de los presuntos hechos denunciados, Jaldin y Guerrero estaban en el interior de la fábrica junto a los cooperativistas limpiando el lugar y organizando el trabajo ya que la fábrica había permanecido cerrada producto del acampe que se inició en la Plaza Belgrano el 14 de diciembre.
Mientras se encontraban en el lugar llegaron ex integrantes de la Tupac Amaru que se habían reunido con Morales y de manera prepotente obligaron a retirarse a los trabajadores del lugar. De modo que, según indicaron los abogados, difícilmente hayan podido Guerrero y Jaldin violar un domicilio ya que se trata de un establecimiento fabril que posee la organización.
Por el contrario, la situación fue al revés, los denunciantes -que no poseen ningún tipo de autorización para apoderarse de esas instalaciones como si fueran propias- ingresaron y amenazaron a quienes se encontraban organizando el lugar para iniciar las tareas habituales. De modo que una vez más la justicia mandó a detener, en una clara vocación de persecución política, a quienes integraban la Tupac Amaru y se encontraban poniendo en condiciones las instalaciones de la organización en lugar de actuar contra quienes pretenden usurpar la fábrica que es de la institución.
