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Fue el propio Gerardo Morales quien llevó a la Legislatura las cuentas de rendición e inversión correspondientes al período 2015/2016. “Es un gusto cumplir ante la Legislatura un mandato constitucional, aportando a un espacio donde se cultiva el valor democrático de la convivencia, la tolerancia y la diversidad de pensamiento”, valoró el gobernador. No obstante, desde el Tribunal de Cuentas advierten que el informe debió ser auditado por esa institución antes de entregarlo en la Legislatura.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la presentación de las cuentas de inversión 2015/2016 dispara una serie de mecanismos que incluyen la intervención de la Cámara de Diputados y del Tribunal de Cuentas, en pleno ejercicio de su rol de contralor.
Morales elogió «la significativa mejora que experimenta Jujuy en materia de acceso a la información financiera». Recordó en este sentido «la alta calificación otorgada por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración que ubicó a la provincia en el séptimo lugar en el concierto nacional», y que Jujuy ocupa el segundo escalón en materia de información online.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Finanzas Carlos Sadir precisó que el mandato de rendición de cuentas del período 2015/2016 que se presentó a la Comisión de Finanzas de la Legislatura «será evaluado como corresponde», y que luego tendrá participación el Tribunal de Cuentas.
Rendición política
Sobre este punto, la contadora Susana Ustárez, titular de la Asociación de Personal de Organismos de Control (Apoc), afirmó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) que el informe que llevó Morales a la Legislatura debió haber pasado por el Tribunal de Cuentas con anterioridad. «Esa cuenta se eleva a la Legislatura adjuntando un informe del Tribunal, producto de dos meses de estudio, y además un compendio con todas las observaciones que haya hecho el Tribunal de Cuentas», detalló.
Precisó que el gobernador debió haber presentado los números al Tribunal antes del 31 de marzo. Como el Tribunal no tuvo acceso al informe, para Ustárez se trata de «una rendición de cuentas más política que contable, porque el contenido no fue auditado».
Ustarez repasó cómo se llegó a esta situación: «En ese momento el bloque radical empezó a pedirla, con el contador Rizzotti al frente de toda la bancada, requiriendo al gobierno de Fellner y después al de Barrionuevo. Así es que Barrionuevo, compelido por las exigencias, impulsa en el presupuesto 2008 la incorporación de un artículo modificando los requisitos, y estableciendo que en vez de presentar al Tribunal de Cuentas, el informe se presenta en la Legislatura».
«Eso se aprobó entre gallos y medianoche -continuó-, y entonces el bloque opositor hizo una presentación judicial con un recurso de inconstitucionalidad de ese artículo y por la aprobación irregular de la cuenta de inversión de aquel año». Y agregó: «Ese planteo lo hicieron el doctor Baca y el contador Rizzoti, que hoy son parte de este gobierno», en referencia al miembro del Superior Tribunal de Justicia y el ministro de Infraestructura, respectivamente.
«Hoy, que son gobierno, presentan la cuenta de inversión no se sabe con qué contenido, porque en el Tribunal de Cuentas no la hemos visto; no sabemos si es completa o reducida. Esto no es opcional, tiene que pasar por organismos dictaminantes con jerarquía institucional», señaló, y agregó: «Ahora que se entregó, la Legislatura debería remitirla de inmediato al Tribunal de Cuentas para que estudie, informe y adjunte todo lo actuado».
