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El defensor del Pueblo de Jujuy, Javier de Bedia, participó con sus pares de todo el país de una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la que se acordó la conformación de una mesa de trabajo para avanzar en la rehabilitación de las pensiones por discapacidad suspendidas mediante decreto.
El encuentro fue encabezado por el defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), Alejandro Amor; la jefa de Gabinete de dicha cartera, Alejandra Cedrola, y el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino.
Además de los ombudsman participaron del encuentro la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que padece Esquizofrenia y su Familia (APEF); la Asociación Argentina de Padres Autistas (Apadea); la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (Apebi); la Asociación Senderos del Sembrador; TGD Padres TEA; la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC); el Departamento de Discapacidad de Racing Club; la Asociación Civil Soles de Buenos Aires; la Asociación Milagros Ayelén; la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad (ASPPE), y la Comisión de Discapacidad de AABA.
La Adpra acordó con la ministra Carolina Stanley la conformación de una mesa de trabajo que contará con la participación de las defensorías del Pueblo del país y las asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, a los efectos de avanzar en la revisión de todos aquellos casos que se vieron afectados por la medida inicial, y, de esa manera, evitar la suspensión del beneficio.
De Bedia comentó que los funcionarios nacionales expresaron el compromiso de no reducir el presupuesto y comunicaron que las únicas pensiones que fueron suspendidas fueron aquellas vinculadas a la adquisición de un empleo en blanco por parte del beneficiario y en casos de fallecimiento o renuncia al beneficio.
La entidad que nuclea a los defensores resaltó la importancia de respetar el debido proceso administrativo ante los ceses o suspensiones de este tipo de beneficios, y recomendó la derogación del Decreto 432/97, y la redacción de una nueva normativa con criterios más inclusivos y que reconozca a las personas con alguna discapacidad como plenos sujetos de derecho.
