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Organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y víctimas testigos que fueron parte del Operativo Independencia emitieron un comunicado en el que no reconocen la sentencia que se dictó el viernes pasado en Tucumán.
En el proceso judicial se investigaron los crímenes cometidos en el marco del Operativo Independencia, en 1975. En la Megacausa que tuvo lugar en la provincia de Tucumán se juzgó a 17 genocidas por 266 víctimas, entre ellas seis mujeres embarazadas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán tras dar por terminado el debate oral y público, llegó al veredicto: seis condenas a perpetua, siete absoluciones y penas entre 4 y 18 años para el resto de los genocidas que fueron juzgados.
Las penas fueron más bajas de lo esperado, sobre todo, por la cantidad de absoluciones y también teniendo en cuenta que todos los condenados van a ir a prisión domiciliaria. Sin embargo, este juicio permitió reconstruir el contexto de la provincia en febrero de 1975, momento en el que el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón firma el Decreto Nº 261/75, con el cual se permitió al Ejército y la Fuerza Aérea Argentina “neutralizar y/o aniquilar” el accionar de los “elementos subversivos” en la provincia. En este sentido, se pudieron conocer las características de la represión que se llevó a cabo en Tucumán en 1975, cuando se comenzaron a utilizar los centros clandestinos de detención como lugares de tormentos y desaparición forzada de personas.
Los testimonios de más de 400 personas que se escucharon durante casi 16 meses dan cuenta de cómo se comenzó a implementar el aparato represivo y genocida para exterminar a la militancia política, dejando sin argumento las teorías de enfrentamiento, guerra interna o dos demonios que siempre se relacionaron a este Operativo. Quedó demostrado mediante las pruebas: el Operativo Independencia fue una prueba inicial del genocidio que se implementó como política de Estado a partir de marzo de 1976, con la dictadura cívico-militar.
El comunicado de los organismos
1) Se llega a esta sentencia tras 42 años de lucha y exigencia de justicia por lo que sostenemos como un logro de esos años, que en la histórica resolución se haya reconocido que los delitos cometidos por las fuerzas militares y de seguridad durante el Operativo Independencia, decretado en 1975 por la entonces presidenta Estela Martínez de Perón, son crímenes de lesa humanidad. Así lo confirman las condenas a prisión perpetua de Roberto “El tuerto” Albornoz , Luis Armando De Cándido, Ricardo O. Sánchez, Miguel A. Moreno, Jorge Omar Lazarte y Enrique J. Del Pino.
El veredicto deja atrás las especulaciones sobre si durante la vigencia de un gobierno civil elegido democráticamente, el accionar criminal de las fuerzas militares y policiales, y sus cómplices civiles, podía ser juzgado bajo los mismos parámetros que los hechos producidos en la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional o si se trataba de delitos comunes. Las condenas a prisión perpetua ya destacadas cierra este debate, e implica que el plan de violaciones sistemáticas a los DDHH en Tucumán comenzó en 1975 y en este sentido, ahora, por fin ha llegado parte de la reparación histórica.
2) Sin embargo, si bien las calificaciones de los delitos en esta sentencia constituyen la reivindicación de la verdad histórica, consideramos que las absoluciones de los imputados Ramon C. Jodar, Jose Luis del V. Figueroa, Jose E. Cuesta, Francisco C. Orce, Alberto A. Svendsen, Jose R. Abba y Omar E. Parada, no se condicen con los hechos y pruebas aportados durante más de un año y medio de debate. También resulta contradictorio que para los delitos más graves que haya conocido la humanidad, la pena impuesta en dos casos (Castelli y Capitán) sea irrisoria y mucho menor a la aplicada al personal policial subalterno, usando para ello este Tribunal una vez, la declaración de inconstitucionalidad de la prisión perpetua.
Repudiamos la absolución de Omar Edgardo Parada, el militar con el rango más alto, que estuvo al mando del Centro Clandestino de Detención que funcionó en la base militar de Santa Lucia, y por ello principal responsable de los delitos sufridos por los habitantes de esa localidad.
3) Ningún tribunal del país que haya juzgado delitos de lesa humanidad utilizó con anterioridad al denominado “error de prohibición” para absolver a imputados por estos graves crímenes puesto que ello implica entender que quienes allanaron ilegalmente moradas y detuvieron ilegalmente personas (es decir secuestraron) no sabían que sus conductas eran ilícitas, ya que siguieron las órdenes de sus superiores. Ello implica abrir la puerta nuevamente a la excusa de la obediencia debida. Esto resulta además increíble en casos de imputados como Ramón Jodar, quien ya tiene una condena anterior por estos delitos y fue sindicado por diversas personas como autor de secuestros en Tafí Viejo.
4) Otro recurso inusitado que utilizó el voto de la mayoría del Tribunal Oral Federal de Tucumán es la exclusión de la pena accesoria de degradación militar de Pedro Adolfo López, al considerar atenuante la participación posterior del imputado en la Guerra de Malvinas. Muchos de los imputados en estos juicios participaron luego de la guerra de Malvinas, es el caso de Astiz o Mario Benjamin Menéndez, ello no quita la gravedad de los delitos que cometieron antes, en el marco de un ataque generalizado y sistemático de la población civil. Antes de ir a Malvinas López atentó física y emocionalmente, contra un conjunto de argentinos secuestrados y torturados y eventualmente desaparecidos… no existe ningún heroísmo en ese accionar.
Porque no reconocemos como definitiva esta sentencia y ante la libertad de estos acusados, desde ya, manifestamos que es responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de los testigos.
Las características de la sentencia de la causa Operativo Independencia nos obliga a seguir exigiendo y luchando por Justicia.
Sabemos que lo imposible solo tarda un poco más, y lucharemos para conseguirlo.
POR TODO ESTO DECIMOS:
30.000 COMPAÑERXS DETENIDXS DESAPARECIDXS, PRESENTES!!!
NO AL 2X1 PARA LOS ASESINOS, TORTURADORES, DESAPARECEDORES EN NUESTRA ARGENTINA.
HACEMOS RESPONSABLE AL ESTADO ARGENTINO POR LA SEGURIDAD DE LOS TESTIGOS VÍCTIMAS DE ESTE JUICIO.
H.I.J.O.S. Tucumán, Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Tucumán, APDH, ANDHES, FADETUC, Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Comisión por los Derechos Humanos de Tafí Viejo, Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán, Secretaria de DDHH de CTA.Tucumán, Agrupación de EX PP Héroes de Trelew de Tucumán, Comisión de Salud del Instituto Patria Tucumán y Frente Ciudadano de Salud Tucumán.
