En un trabajo periodístico en conjunto entre FM Alas y Revista Cítrica, Cristina Marín, abogada integrante del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro, detalló que «vamos a tener cuatro días para implementar una mesa de diálogo con las diferentes partes del Estado. La intención del diálogo es para que cese la represión a nuestras comunidades. No queremos más muertos. Deseamos poder llevar adelante, en conjunto con el Estado, políticas públicas que tengan que ver con la restitución de tierras de los pueblos originarios».
«Todo el tiempo el juez Gustavo Villanueva estuvo negando que había detenidos, cuando nosotros -internamente- ya sabíamos que había. Lo que no sabíamos era cuántos. Pero sí sabíamos que había, porque los vimos. Mientras estuvieron detenidos fueron golpeados y torturados para que dijeran quiénes más estaban arriba. Fueron torturados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería», afirmó la abogada.
«Ya había habido una instancia de diálogo previa, y las fuerzas policiales la rompieron con esto que ocurrió. El juez dijo que se tendría que haber cumplido con eso. No sé quién tiene la culpa de esta situación, pero el Estado se va a tener que hacer cargo. Estamos hablando de una muerte», denunció.
«El aparato represor del Estado cuenta con armas como m16, uzi, fal, rifles winchester, 9 mm, glock y la cantidad de efectivos que hubo para menos de 15 personas: 300 efectivos de distintas fuerzas. Es muchísimo», explicó la abogada.
Con respecto a los detenidos, informó que «son Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes socorrieron al hermano que había caído (en referencia a Rafael Nahuel). Ellos creían que estaba vivo, y su intención fue llevarlo hasta la ruta para que lo atendiera un médico. Y ahí es a donde a ellos los detienen».
«Nosotros consideramos que el desalojo del día jueves fue improvisto e inconsulto, y que no se avisó a la parte judicial, es decir, a la defensa de la comunidad. Primero, porque se había hablado de una mesa de diálogo, la cual -desde la justicia y las fuerzas policiales- no se cumplió. Inclusive, nos habíamos reunido con la gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en donde la palabra no se cumplió. Porque -justamente- estábamos intentando llegar a acuerdos con la comunidad del lugar y con Parques Nacionales. Y de golpe fueron y reprimieron. Entonces, lo que nosotros estamos reclamando es ¿por qué se acuerda una cosa y se hace otra?», se preguntó Marín.
Confirmó además que «por el tema de la libertad de los detenidos, estoy esperando la citación del juez, para una indagatoria, donde se decidirá lo que va a pasar. No deberían estar presos, porque es excarcelable. Tienen un proceso judicial, pero no tendrían por qué estar detenidos».