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Fue un lunes diferente para las mujeres del país, entre ellas las de Jujuy, ya que protagonizaron un tuitazo, entre las 12 y 14 horas y luego un pañuelazo en la peatonal Belgrano, para reclamar la aprobación del proyecto sobre aborto legal, seguro y gratuito. Denuncian unos 500 mil abortos clandestinos por año.
Una vez más, la Asamblea Feminista de Jujuy insistió una vez más que el proyecto de ley sea sancionado para que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria de un embarazo, de cara al próximo Paro Internacional de Mujeres, 8-M.
El reclamo feminista, este año, viene precedido por una amplia difusión ya que militantes por la Campaña llegaron a la televisión en horarios centrales para instalar el problema de la mortalidad de mujeres en situación vulnerable por abortos clandestinos. “La sociedad está madura, el único lugar donde no se debate es en el Congreso de la Nación”, dicen desde la Campaña.
La historia del proyecto de ley lleva ya once años, tramados a mucho poner el cuerpo; acompañados de encuentros, debates, militancias, acciones políticas para empujar su tratamiento y consagrar el derecho de las mujeres a acceder a un aborto seguro y gratuito.
Fue presentado por última vez el pasado 30 de junio de 2016 y contó con la firma de más de 40 lesgisladorxs de un amplio arco político, pero perdió estado parlamentario. Este mismo será el que se presente nuevamente en 2018, todavía con fecha a determinar.
Las diferencias con el anterior tienen que ver con los avances normativos que se dieron en esos años y que el proyecto incorpora. Permite la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de la mujer hasta las catorce semanas, mientras que el anterior hablaba de doce, y sin límite en las causales que figuran en el Código Penal: si el embarazo es producto de una violación; si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano; si existieren malformaciones fetales graves. También elimina la necesidad de denuncia policial para acceder al aborto y la objeción de conciencia.
