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Con el ex presidente brasilero Lula Da Silva detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba y en medio de las manifestaciones para reclamar la liberación del líder del Partido de los Trabajadores, el juez del Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello pospuso cinco días el plenario que hoy podría haber determinado la excarcelación del ex mandatario en el marco de un recurso presentado por un partido de extrema derecha hace un año atrás.
Durante el fin de semana Mello había anticipado que hoy se debatiría la constitucionalidad de los arrestos de quienes hubieran sido condenados en segunda instancia pero cuyas sentencias no estuvieran firmes y quedaran pendientes los recursos presentados en los tribunales superiores. El planteo había sido hecho en 2016 por un pequeño partido de extrema derecha, el Partido Ecológico Nacional, pero su resolución alcanzaría inclusive a Lula, condenado a 12 años de prisión y un mes y detenido por orden del juez Sergio Moro, su declarado enemigo político.
Ante la eventualidad de una probable liberación de Lula, el titular del PEN intentó retirar la cautelar que podría beneficiar al ex mandatario, de 72 años. «Siempre estuve contra la izquierda y me arrepiento mucho de haber presentado este recurso», lamentó Adilson Barroso, al diario O Globo. Al mismo tiempo, despidió al abogado que había presentado la Declaratoria de Constitucionalidad (ADC), Antônio Carlos de Almeida Castro, defensor de varios acusados en la megacausa del Lava Jato.
Mientras tanto, otro juez del STF, Alexandre de Moraes, advirtió esta mañana que o era posible «el cese” del recurso en debate. «Tras su ingreso, el Supremo lo juzgará», afirmó el magistrado al desestimar el pedido del partido de derecha.
La defensa de Lula esperaba que el debate de hoy zanjara de forma definitiva las divergencias en la propia Corte acerca de su arresto. Sus abogados, en tanto, reiteraron que la sentencia de Moro es arbitraría y adelantaron la presentación de nuevos recursos. «Lula no practicó ningún crimen y él no debería estar cumpliendo una pena anticipada. Por eso decimos que es un preso político, un preso que no cometió ningún crimen y que fue llevado a prisión fuera de las hipótesis establecidas en la Constitución Federal», aseveró ayer en una entrevista con Telesur el abogado Cristiano Zanin.
Mientras el campamento “Lula libre”, a 500 metros de la cárcel del líder del PT se amplía cada día con más simpatizantes, Moro dictó ayer una nueva medida contra el ex presidente y le negó la entrada a cárcel a varios dirigentes políticos que quisieron visitar al ex presidente, entre ellos seis gobernadores.
Traslado
El Sindicato de Policías Federales de Brasil reclamó a las autoridades de Paraná el traslado inmediato del ex presidente Lula Da Silva a un cuartel de las Fuerzas Armadas. Los efectivos solicitaron que el líder del Partido de los trabajadores deje la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en la que está detenido desde el sábado por la noche, bajo la justificación de que la presencia de Lula provoca “trastornos y riesgos a la población y a los funcionarios”.
A través de una carta al Superintendente de la Policía, Maurício Valeixo, los agentes que bloquearon y reprimieron en los últimos días las manifestaciones de los seguidores de Lula, consideraron hoy que la “medida más acertada” sería alojar al ex mandatario en una unidad militar, e invocaron «la seguridad de la población y el orden público”.
“Se han comprobado riesgos a la población en el entorno del edificio de la PF (…) mientras algunos invasores, que ya se instalaron con sus carpas, están promoviendo acciones intimidatorias”, subrayaron los agentes en la nota enviada a Valeixto.
Son los mismos efectivos que el sábado pasado, recién aterrizado el helicóptero que trasladaba a Lula, arremetieron contra los simpatizantes que lo esperaban al ex mandatario en Curitiba.
Antes de que el Tribunal Supremo Federal desestimara por seis votos contra cinco el hábeas corpus de Lula, el candidato mejor posicionado ante las elecciones de octubre, los militares presionaron a la Corte advirtiendo que si el ex mandatario no fuera detenido las Fuerza Armada restaurarían «el orden”. «Si ocurre semejante apartamiento de la ley, ahí no tengo duda de que sólo queda el recurso a la reacción armada. Ahí es el deber de la Fuerza Armada restaurar el orden. Pero no creo que lleguemos a eso”, había advertido el general retirado Luiz Gonzaga Schroeder Lessa.
