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El veto es una atribución del Poder Ejecutivo a través del cual el Presidente puede rechazar, total o parcialmente, una norma sancionada en el Congreso. La de este jueves, con la ley que pone límites al incremento de tarifas, es la octava vez que Mauricio Macri recurre a ese instrumento desde que asumió en diciembre de 2015.
La primera vez fue en 2016, cuando vetó totalmente la ley de Emergencia Ocupacional que prohibía los despidos por 180 días y establecía la doble indemnización para aquellos casos en que ocurriera. “No ayuda a nadie, ni a los trabajadores ni a quienes están desempleados”, dijo en ese momento el mandatario.
En diciembre de ese mismo año, Macri decidió vetar parcialmente la ley que establecía la doble jubilación mínima para excombatientes de Malvinas, un viejo reclamo de los conscriptos que participaron de la guerra en 1982.
Y antes de finalizar el 2016, el 20 de diciembre, otras dos leyes fueron rechazadas por el Presidente en su totalidad: la que establecía el salario mínimo profesional y la de Trombofilia, que incluía en el Programa Médico Obligatorio (PMO) el análisis de sangre que diagnostica el trastorno.
La última ley vetada por Macri ese año fue la de expropiación del Hotel Bauen, que había sido recuperado en 2001 por los trabajadores, pero sobre el que pesaba una orden de desalojo.
En 2017, Macri vetó de forma total otras dos normas que habían sido sancionadas por el Congreso: la ley de honorarios de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia, y un régimen de incentivo para la promoción de la industria naval.
Finalmente, en la mañana de este jueves, pocas horas después de que el Senado convirtiera en ley el proyecto para retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado y establecer aumentos atados al índice inflacionario, el presidente firmó rápidamente el veto.
Según el artículo 83 de la Constitución, un proyecto que es vetado regresa a la primera Cámara en la que fue tratado. En el caso del freno al aumento de tarifas, Diputados. A partir de allí, la iniciativa puede volver a ser tratada, pero requiere de los dos tercios de los votos nominales para ser aprobada, algo que en el actual Congreso parece inviable. Si se aprobara, el Presidente está obligado a promulgar la ley. Pero si no consiguen los votos necesarios, el proyecto no puede volver a ser debatido durante el año en curso.
