Miranda y la ocupación de la sede de la Tupac: «Toda actividad que sea para el bien común debe seguir manteniéndose»

El fiscal de Estado Mariano Miranda afirmó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) que el gobierno provincial «tiene como objetivo fundamental salvaguardar los bienes de una organización civil sin fines de lucro», al referirse a la ocupación por parte del gobierno provincial de la sede central de la Organización Tupac Amaru, donde anunciaron, sin mayores precisiones, que funcionarán servicios de salud y educación.

Miranda aclaró que no se trata de una intervención pero defendió el hecho de que el gobierno provincial haya conformado un Consejo de Administración para manejar las actividades y servicios en la sede, a pesar de que la suspensión de la personería jurídica de la organización aún no tiene resolución judicial. «Los recursos que están en el Superior Tribunal no se refieren al fondo de la cuestión», argumentó.

En relación a la causa Pibes Villeros, en cuya audiencia preliminar fue cuestionado el fiscal Anticorrupción Joaquín Millón Quintana por no estar habilitado para actuar como querellante, Miranda estimó que «bajo ningún punto de vista se va a caer».

-La Organización Tupac Amaru fue intervenida por el Estado y un Consejo de Administración va a manejar la sede, donde se va a brindar un servicio de salud y educación. ¿Es así?

-No. Técnicamente, estamos hablando de otra cuestión, una cuestión de fondo que han decidido en forma conjunta el gobernador con el Consejo de Administración, el ministerio de Salud y el ministerio de Educación. Acá hubo una medida judicial ordenada por el juez Pullen Llermanos, que realizó un allanamiento, y con posterioridad entregó la custodia y las llaves al Consejo de Administración designado en base a un decreto de gobernador y una resolución que designa a sus miembros. En cuanto al destino que se le va a dar, ha sido una decisión trabajada y consensuada en relación a las instalaciones y el equipamiento que se han relevado en el lugar. Entre los equipamientos que estaban sin uso, fuera de servicio, se ha encontrado un tomógrafo, equipamientos odontológicos, de emergencia, por ejemplo desfibriladores, equipos de resucitación, instalaciones, como pileta climatizada para rehabilitación, y oficinas de distinta naturaleza que pueden servir para hacer un gran centro de rehabilitación.

-¿Eso quiere decir que en términos legales no es una intervención?

-En lo legal no es una intervención. Una intervención sería contradictoria con las acciones judiciales que hemos interpuesto, en vías recursivas, en el Superior Tribunal. El Consejo de Administración tiene como objetivo fundamental salvaguardar los bienes de una organización civil sin fines de lucro. Por la Constitución Provincial y por las leyes que se dictaron en consecuencia, el órgano de control es la Fiscalía de Estado a través de la Coordinación de Personas Jurídicas. Ese es el principal objetivo. De hecho el órgano de administración ha logrado recuperar en el interior de la provincia algunos puestos de salud y los ha puesto en funcionamiento a través de cooperativas vinculadas con la Tupac Amaru.

-¿Ese Consejo de Administración ya está trabajando?

-Yo no he podido todavía interiorizarme en lo que ha sucedido, en cómo están avanzando las tareas de administración, en función de los acuerdos a los que tienen que llegar con el ministerio de Educación y Salud.

-La personería jurídica de la Tupac Amaru había sido suspendida, pero los abogados hicieron una presentación y el tema está en el Superior Tribunal, por lo que aseguran que la suspensión no está vigente. ¿Qué responde a esto?

-Hay dos causas. Una está vinculada a una acción de orden de competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que en vías recursivas está en el Superior Tribunal. Hay otra que está también en vías recursivas en el Superior Tribunal, con competencia en materia civil. Pero de todas maneras, más allá de esto existen actos administrativos que tienen presunción de legitimidad y su aplicación no ha sido suspendida por la justicia. De todas maneras, los dos recursos que están en el Superior Tribunal se refieren a cuestiones de competencias, no al fondo de la cuestión, sobre la que existen decretos y resoluciones. Estamos esperando que resuelva.

-Otro de los argumentos es que el juez Pullen Llermanos, que es juez de causas residuales, tiene competencia en temas anteriores a 2011. ¿Cómo es esto?

-Bueno, hay que ver en qué causa. Si la fecha del hecho es anterior a la entrada en vigencia del actual código de procedimientos penales, eso ya es una cuestión netamente judicial que se va a resolver en el ámbito del juzgado de competencia residual. Si la actuación que hizo el doctor Llermanos es competente en virtud del código anterior, no es algo que haga a la actividad del gobierno, de la Fiscalía de Estado.

-En el edificio funcionaba una escuela de natación, de deportes. Alumnos de escuelas iban a hacer actividades porque la organización les prestaba el espacio. ¿Eso se va a seguir manteniendo?

-Yo entiendo que toda actividad que sea para el uso del bien común debe seguir manteniéndose, debe seguir profundizándose. La gran parte de las instalaciones y equipamiento estaban sin utilización. Hay un tercer piso que no conozco personalmente pero me informaron que está prácticamente destruido, por la lluvia y la humedad. Hay que hacer reinversiones para poder acondicionar y darle el uso que tuvo en sus orígenes. Más allá de los planteos y de la utilización que se le está dando, que entiendo que debe continuar y profundizarse, esto no es para realizar una actividad comercial. El estado brinda servicios de salud y educación. Allí, en lo que hace a salud, hay un tomógrafo que se podría estar utilizando, hay equipos de rayos equis, hay sillones odontológicos, laboratorios de primer nivel, todo sin funcionar.

-Estaba sin funcionar por lo que pasó con la Tupac Amaru desde hace dos años hasta la fecha…

-Reitero, en estos dos días no me he podido interiorizar bien del tema.

-¿Qué lectura hace de la audiencia preliminar de la causa Pibes Villeros?

-Es un juicio muy complejo, no hay muchos antecedentes en la provincia de Jujuy que se haya llevado adelante un juicio de esta naturaleza. La organización ha sido muy buena, en el sentido de que existen 31 imputados, más de 20 abogados y más de 20 defensas. El orden que estableció el tribunal se respetó a rajatabla. Expuso el Ministerio Público de la Acusación, las querellas, en este caso la Fiscalía de Estado y a continuación el fiscal Anticorrupción. Y cada uno de los abogados defensores hizo los planteos que consideró necesarios. En la mayoría de los casos no han planteados nulidades ni excepciones, y pidieron la fecha para el juicio oral público.

-Algunos sí plantearon nulidades, cuestiones técnicas…

-Yo lo que dije es que la gran mayoría no plantearon ni nulidades ni excepciones. Los planteos de nulidades y excepciones fueron ni más ni menos de revisión y de cuestiones ya resueltas por el juez de Control ratificados por la Cámara de Apelaciones y en algunos casos por el Superior Tribunal.

-Hubo planteos muy firmes sobre el espacio, el tiempo y el modo en que se conformó la asociación ilícita de la que acusan a más de una veintena de imputados, que no están claramente determinados.

-Bueno, ese es uno de los planteos que hace y que divide en cuatro partes la defensa de Milagro Sala. En uno de ellos hace ese planteo del tiempo y el modo para plantear la incompetencia del Tribunal sobre la actuación del juez de Control, por cuanto pretende dos temas, la unificación de la causa Pibes Villeros con la Megacausa. ¿Con qué objetivo? Para poder decir que la comisión de los hechos delictivos de los imputados investigados, los supuestos hechos delictivos, comenzaron a ejecutarse con anterioridad a la vigencia del Código de Procedimiento Penal que está vigente actualmente. Eso traería aparejada la unificación de las dos causas, y si se demuestra en el otro expediente que la fecha de inicio de los hechos delictivos es anterior al año 2011, tendría que intervenir el juez con competencia residual.

-Ambas causas tienen los mismos acusados y los mismos delitos: asociación ilícita, extorsión, defraudación al estado…

-Pero el planteo era por la cuestión de la fecha también.

-¿La fecha es muy importante?

-Por supuesto, se planteó en ese sentido. Se le quiso dar una relevancia que en realidad no tiene, porque en esta causa se están investigando hechos graves de corrupción, de fraude a la administración pública, que se cometieron durante el año 2015. La firma del contrato por el programa Mejor Vivir 2, la falta de la construcción, fue en 2015. En cambio en la Megacausa la defraudación al estado es producto de otro programa habitacional, el Programa de Inclusión Sociocomunitario, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, donde están imputados exfuncionarios de orden nacional.

-¿Esa de qué fecha es?

-Hay distintas fechas, y es lo que casualmente se está tratando de determinar, porque es un programa donde las etapas que están pagadas y no construidas corresponden a 2013 en adelante. Si bien el Programa de Inclusión Sociocomunitaria empezó allá por el año 2006, o 2007, el pago de las adendas, que forma parte de la megacausa, y la construcción de las etapas 16, 17, 18 y 19 del programa, son de 2013 en adelante.

-¿Qué opina del cuestionamiento al fiscal Anticorrupción, Gastón Millón Quintana, que se matriculó en el Colegio de Abogados 48 horas antes de esta ausdencia, por parte de la defensa de Alberto Cardozo?

-Creo que el fiscal Millón Quintana tuvo la defensa a la vista. Fue muy precisa y contundente al citar las normas y explicar en qué carácter estaba interviniendo en el proceso. Pero más allá de eso, acompañó y adjuntó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde se resolvieron situaciones similares.

-Hay quienes opinan que está todo dado para que se caiga la causa. ¿Qué opina?

-No, no. Eso fue el planteo que ha hecho Beto Cardozo, al cual se adhirieron por lo menos otros tres abogados. Pero bajo ningún punto de vista se va a caer la causa.