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Comunidades originarias realizan una jornada de protesta con cortes intermitentes de rutas en la Puna y la Quebrada de Humahuaca. Repudian el avance minero, los emprendimientos energéticos que ponen en riesgo la provisión de agua y las permanentes acciones hostiles y amenazas de desalojo.
Bajo la consigna «Convocamos a defender el agua, la vida y la dignidad en nuestro territorio», comunidades organizaron cortes de ruta simultáneos, selectivos e informativos en Pozuelos y Tilcara. Arrancaron a las 6 de la mañana en Pozuelos, en el cruce de las rutas 7 -que une Abra Pampa y Rinconada- y la 69 -que une Pozuelos con Cieneguillas-.
Además de los reclamos referidos a la defensa de la tierra y el agua, las comunidades enfrentan numerosos conflictos, sobre todo a lo largo de la Quebrada de Humahuaca, por las tierras que habitan.
Cerca del mediodía llegaron a Tilcara, donde se concentraron en la entrada del pueblo, sobre la ruta 9. Desde allí, Silvia Durán, integrante de la Comunidad Cueva del Inca, explicó a El Submarino Radio (91.5) la problemática que atraviesan familias que están en riesgo de perder todo por un reclamo de propiedad sobre las tierras que habitan. «El juez Sebastián Cabana en el 2015 nos pone a la comunidad una medida cautelar de no innovar, entonces no podemos hacer nada, no podemos construir, no podemos poner luz ni agua, no podemos trabajar en el circuito turístico, poner una huerta ni plantar un árbol; no nos dejan hacer actividades culturales ni deportivas en nuestro salón, que eran una contención para nuestros jóvenes y niños».
«Tenemos ocho familias que comparten una letrina sin techo, y no podemos hacer nada. Por eso le pedimos al juez que ponga fin a esta medida. No estamos pidiendo trabajo ni planes, solo pedimos vivir dignamente y en paz», agregó Durán.
La cautelar que dictó el juez Cabana es una más de muchas medidas y acciones que se vienen sucediendo en la Quebrada de Humahuaca desde hace varios años. Silvia Durán repasó: «Desde que se declara Patrimonio de la Humanidad, empiezan a aparecer supuestos dueños de tierras todos lados».
El conflicto en este caso es con la familia Mendoza, que reclama la propiedad de la tierra que ocupan casi un centenar de familias. «Ellos no tienen escrituras, entonces nos parece algo ilógico que alguien que no tenga papeles haga poner una medida cautelar», comentó Durán, y denunció que el juez no fue neutral al dictar la medida cautelar: «Vino a hacer una inspección, recorrió la comunidad y solo escuchando a esta familia Mendoza, y cuando nosotros solicitamos, no nos dio lugar y a pedido de esta familia puso la medida».
Los cortes de la ruta 9 en Tilcara se hicieron cada 15 minutos, con el fin de informar a las personas que pasaban en sus vehículos. La protesta, aclaró Durán, se decidió después de haber transitado otras formas de lucha. «La secretaria de Pueblos Indígenas (Natalia Sarapura) hizo un relevamiento de la situación social, vinieron asistentes sociales, y todo eso le mostraron al juez, pero él no dio a lugar -relató-. Nuestros abogados también hicieron presentaciones para que se levantaran, pero el juez siguió firme con esta postura».
«Por eso pedimos al juez que toque su corazón, porque es injusto vivir así en hacinamiento. Estamos pidiendo algo digno para las familias y los niños, no podemos vivir hacinados y sin que podamos mover ni una piedra», agregó.
La protesta
Las comunidades que organizaron la protesta de esta mañana, de la que el corte en Tilcara fue solo uno de sus tramos, difundieron un comunicado en el que advierten sobre «la grave situación que están sufriendo nuestros territorios y el avasallamiento de los grandes capitales» y aseguran «nos vemos obligados a tomar esta medida de corte de ruta programado y en simultáneo, en defensa del agua, la vida y la dignidad en nuestros territorios».
Exponen luego algunos de los motivos:
- El avance de la megaminería en la puna jujeña, con el inicio de la explotación de Mina Chinchillas a cielo abierto, la que está destruyendo la pachamana, volando nuestros cerros, destruyendo la biodiversidad, contaminando las napas de agua, la pastura, poniendo en riesgo nuestra vida y de las futuras generaciones. Además de contaminar la Laguna de Pozuelos, que es hace más de 25 años área protegida y reserva de la biosfera.
- El hostigamiento a la comunidad de Cueva del Inca, impidiendo a las familias vivir dignamente en su territorio. Esta comunidad viene atravesando desde marzo de 2015 una grave situación judicial, porque el juez Sebastián Cabana impuso una medida de prohibición de innovar, que no permite el acceso a los servicios básicos sanitarios, de luz y agua potable. Impide trabajar en el circuito turístico de su territorio. Ademas prohibió al centro cultural y deportivo y comparsa Los Barreños realizar cualquier actividad en su salón, centro cultural que tiene más de 20 años en Tilcara. Y en estas últimas semanas se agudizó el hostigamiento, con la setencia de la multa de más de un 1.000.000 de pesos.
- La comunidad indígena Angosto del Perchel hasta el momento sigue esperando de la construcción del puente que unifica a la comunidad, compromiso asumido por el gobierno.
- Rechazamos la violencia institucional por parte del gobierno provincial en contra de la señora Claudina Laureano, miembro de la comunidad indígena de Volcán, a quien periódicamente le impiden ganarse el sustento al llevarse sus animales, luego ella tiene que pagar los costos y el transporte para tener de vuelta a sus animales.
Finalmente, concluyen: «Estos son solo ejemplos de lo que sufren a diario las comunidades originarias y campesinas, como consecuencia de políticas que solo benefician a los grandes capitales y a los sectores de poder. Por ello exigimos el cese del avasallamiento de los derechos de las comunidades y que se respete los modos de vida y la autodeterminacion de nuestros territorios».
