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Marcha nacional bajo la consigna #NoFueILE y para pedir la renuncia del ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y sanciones para los responsables de los centros de salud y servicios que participaron de las decisiones tomadas en torno a la situación de la niña de 12 años de San Pedro a quien se le demoró la práctica de una cesárea, cuando había pedido la interrupción legal de su embarazo, producto de una violación.
La marcha pasó por el Ministerio Público de la Acusación, en Av. Urquiza, donde se presentó una denuncia penal contra Bouhid y contra la directora del Hospital Materno Infantil, Alice Vargas; el director del Hospital Paterson de San Pedro, Marcelo Villa, y el jefe del Servicio de Obstetricia del Materno Infantil, Gustavo Briones.
La abogada Maia Hirsch, que integró el equipo de letradas que elaboró la denuncia, explicó que están denunciados por haber ejecutado una objeción de conciencia institucional y por no haber permitido que la niña de 12 años tuviera acceso a la ILE, cuando su situación se encuadraba claramente en las causales previstas en la legislación nacional vigente desde 1921.
Hirsch recordó que existe en la provincia de Jujuy un protocolo ILE que fue firmado por el gobernador Gerardo Morales, el propio Bouhid y por el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello.
«Denunciamos que sobre esta niña se realizó un acto de tortura y exigimos que se sancione a los responsables, como así también que se garantice la ILE en la provincia de Jujuy», señaló la abogada.
Por su parte, la médica Luz Díaz desmintió los dichos del ministro Bouhid, quien en conferencia de prensa había considerado que existe un vacío legal respecto de situaciones como la de la niña sampedreña. «No puede decir que hay un vacío legal sobre prácticas que nosotros, como profesionales, estamos obligados a realizar», indicó.
Díaz repudió que el funcionario haya planteado «una dicotomía entre supuestos pañuelos verdes y supuestos pañuelos celestes», y aseveró: «Nosotros estamos dentro del marco de la ley y del derecho».
«No puede decir que va a innovar con un protocolo que prevea un consentimiento por escrito, porque eso ya existe. También tenemos equipos interdisciplinarios para el abordaje integral, pero el funcionamiento de estos equipos no puede ser una exigencia, porque imaginemos una atención en un puesto de salud aislado de la puna, donde el profesional que esté a cargo deba tomar decisiones rápidas», continuó la médica, y concluyó: «Nosotras interpretamos que esos anuncios se corresponden con una obstaculización y con la intención política de que en Jujuy no se pueda abortar de ninguna manera».
En esta línea, recordó que las mujeres pueden asistir a los centros de salud, a las consejerías de salud sexual y reproductiva, a las socorristas y a los movimientos de mujeres para obtener información segura sobre sus derechos.
