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El gobierno nacional compró las primeras 100 pistolas taser destinadas a las fuerzas de seguridad. Tras el proceso de licitación, pagó 5.285.000 de pesos.
El Poder Ejecutivo adquirió las pistolas a la empresa Axon junto con 1.000 cartuchos operativos y otros 600 destinados a capacitación. De este modo, cada arma costó 36.635, los cartuchos operativos salieron 1.005 y los de capacitación, 966.
La adquisición ocurre a casi tres meses de la reglamentación de su uso. En mayo se había establecido que en agosto comenzarían a ser utilizadas por los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en terminales aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.
De acuerdo con la legislación vigente, las taser serán empleadas «para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública».
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