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A través de una nota dirigida al presidente de la Legislatura de Tucumán, Osvaldo Jaldo, organizaciones vinculadas a la problemática de la violencia de género impulsan un pedido para que se apruebe de manera urgente la adhesión de esa provincia a la Ley Micaela, sancoinada por el Congreso Nacional a fines del año pasado, que dispone la capacitación obligatoria en violencia de género los y las funcionarias de todos los poderes del Estado.
El texto completo de la nota es el que sigue:
REF: Solicitamos aprobación del Proyecto de Ley (Expte 427-PL-18) de adhesión a la Ley Nacional 27499 (Ley Micaela)
Por la presente nos dirigimos a usted con el propósito de SOLICITAR EL URGENTE TRATAMIENTO y APROBACIÓN del Proyecto de Ley (Expte 427-PL-18) de ADHESION a la Ley Nacional 27499 (conocida como “Ley Micaela”) que cuenta con dictamen de la “Comisión de Protección de los Derechos de las Mujeres” del honorable cuerpo legislativo que ud preside, de fecha 29 de Julio de 2019.
La Ley Micaela fue sancionada el 19 de diciembre de 2018 y lleva el nombre de Micaela García, víctima de un brutal feminicidio, en memoria y reconocimiento por su defensa de los derechos de las mujeres. La Ley establece la capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que integran los distintos estamentos del estado, en todos sus niveles y jerarquías.
Han adherido a la Ley Micaela la Provincia de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, La Rioja, Neuquén, Salta, Santa Cruz y se encuentran en proceso de adhesión: Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego. En Tucumán, la Comisión de Defensa de los Derechos de las Mujeres” de la Honorable Legislatura emitió dictamen, el 29 de Julio de 2019, recomendando la aprobación del Proyecto de Ley (Expte 427-PL-18) de adhesión a la Ley Nacional 27499.
Cabe destacar la gravísima situación por la que atraviesa nuestra provincia en materia de violencia de género; las alarmantes cifras de femicidios, travesticidios y transfemicidios (sin registros oficiales para estos últimos casos). Tucumán se encuentra entre las cuatro provincias con mayores tasas de femicidios anuales. En lo que va del año 2019 ya se registraron 9 femicidios en nuestra provincia.
Teniendo presente la obligación de nuestra provincia de ajustarse a los estándares internacionales de Derechos Humanos, so pena de hacer incurrir a nuestro país en responsabilidad internacional. Teniendo en cuenta que la formación de los agentes del Estado en materia de género y violencia contra las mujeres viene a dar cumplimiento a un deber que nuestro país asumió con la comunidad internacional al firmar la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) de Naciones Unidas (NNUU); y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Atendiendo a la cantidad de recomendaciones que los órganos de seguimiento de estos instrumentos han realizado a nuestro país en materia de capacitación a los agentes públicos Reconociendo, además, que la adhesión a la Ley Micaela viene a dar cumplimiento a Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres (Ley 26.485) que contiene prescripciones vinculadas a acciones de capacitación, en cabeza de cada uno de los Poderes del Estado y Ministerios.
Afirmando que la diferencia entre mujeres de una provincia que adhirió a la ley nacional y mujeres de una provincia que no adhirió a la misma, en cuanto a garantía de sus derechos constitucionales, es una situación no sólo injusta, sino también inadmisible jurídicamente en virtud del principio de igualdad ante la ley.
Entendemos que es necesario actuar con celeridad y responsabilidad. Resulta urgente que quienes conforman el Estado tengan las herramientas necesarias para trabajar y lograr intervenciones más eficientes y adecuadas en torno a esta problemática que nos atraviesa como sociedad. El primer paso para garantizar vidas libres de violencias a las mujeres es evitar seguir reproduciendo estructuras de opresión, discriminación y/o violencia institucional, para lo cual se torna esencial que los y las agentes públicas cuenten con la información y la capacitación adecuada.
Por todo ello, solicitamos se INCORPORE, TRATE y APRUEBE sin más dilaciones, en la próxima sesión legislativa, el PROYECTO DE ADEHSION A LA LEY MICAELA.
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