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«Más de 600 personas trabajaron en las fuerzas armadas y la policía durante los años de la dictadura de Estado en esta zona, solamente fueron 23 los imputados, nos consta que hay elementos suficientes para condenar a todos pero lamentablemente el tribunal en algunos casos no valoró como lo esperábamos», dijo a Página12 la abogada Mariana Catanzaro, de la querella de la APDH nacional sobre la sentencia que dictó el Tribunal Federal de Mar del Plata por delitos de lesa humanidad comprendidos en el segundo tramo de la causa Monte Peloni, en la que se investigó el circuito represivo ilegal que operó en la subzona militar 12 y abarcó los distritos bonaerenses de Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul.
Fueron cinco penas de prisión perpetua y otras ocho de entre 22 y 9 años de prisión, en tanto otros diez imputados resultaron absueltos. Entre los sentenciados a perpetua está el ex comisario Argentino Alberto Valquinta, quien fue sorprendido de paseo en violación al beneficio del arresto domiciliario y tras la publicación de su imagen en este diario y otros medios la Cámara de Casación lo reubicó como imputado en esta causa, al revocar un fallo de primera instancia que lo había suspendido por razones de salud.
«Vamos a esperar a conocer los fundamentos de la sentencia el 1 de noviembre y apelar la parte que nos agravia, ante la Cámara de Casación, confiamos que tendrán una valoración que concuerde con la nuestra», agregó la abogada Catanzaro.
En su alegato, el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Ángeles Ramos y Juan Manuel Portela, había pedido penas para los 23 acusados que llegaron a esta instancia del debate: perpetua contra 9 acusados y penas de entre 25 y 10 años contra los otros 14. Entre los cinco que finalmente fueron condenados a perpetua por los jueces se encuentra Balquinta, el represor que había sido separado del juicio dos semanas antes de la sentencia por aparentes problemas de salud, pero que tuvo que ser reincorporado en las últimas horas al proceso luego de una resolución de la Cámara de Casación. El ex comisario había logrado que lo apartaran de la acusación con su defensa que proponía un examen médico por videoconferencia. El 30 de agosto Página12 publicó la denuncia de la Comisión por la Memoria y la APDH con las fotos de Balquinta paseando por el centro de Olavarría, caminando solo sin dificultad, un día después de haber sido apartado del juicio.
Ayer en la sala de audiencia había unas cuarenta personas vinculadas a las 45 víctimas que abarcó este proceso, y sólo ocho de los 23 acusados estuvieron presentes. El resto estuvo distribuido en sedes judiciales de Olavarría, Corrientes, San Martín, Salta y Capital Federal. Cerca de las 15 los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas dieron a conocer el veredicto en el juicio oral y público que se inició en Mar del Plata en agosto de 2017. Sobre los represores imputados pesaban las acusaciones por robos, coacciones, privaciones ilegales de la libertad, violación, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de más de cuarenta personas. Así, resultaron condenados a prisión perpetua Oscar Bardelli, Roberto Casares, Eduardo Bernadou, Osvaldo Guarnaccia y Balquinta. En tanto, Héctor González Cremer recibió una pena de 20 años de prisión, Walter Grosse 22, Francisco Samiento 9, Carlos Muñoz 14, Alberto Padilla 15, al igual que Raúl Angel Córdoba, Román Valdecantos y Luis Juárez. Los absueltos fueron Horacio Leites, José Forastiero, Héctor Rinaldi, Roberto Fantini, Néstor Vapore, Juan Carlos Luján, Enrique Vázquez, Julio César Tula, Edgardo Viviani y Julio Casaux.
Luego de la lectura de la sentencia, el tribunal dispuso que aquellos acusados que no tienen prisiones vigentes en otras causas sean puestos en libertad.
Balquinta era jefe de operaciones en la comisaría de Olavarría y en la Unidad Regional XI de Azul, y está acusado por haber ordenado las detenciones de trabajadores de la cementera Loma Negra, pero jamás fue llamado a indagatoria. En el juicio de Monte Peloni, los fiscales Ramos y Portela lo acusaron de decenas de secuestros, un homicidio, una violación y de ser partícipe en otros asesinatos, además de cargos por robo agravado. Cuando llevaba cuatro años en prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, presentó un habeas corpus pidiendo que se le concediera la eutanasia. Su argumento fue que la falta de resolución de su situación hizo que prefiriera morir. El planteo llegó a la Cámara de Casación, donde fue rechazado. Casi todas las victimas de Balquinta eran militantes políticos peronistas, salvo Alcides Díaz, referente del partido Comunista de Olavarría y Gubitossi, abogado laboralista de trabajadores de LOSA y FABI.
Por Adriana Meyer, en Página/12
