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La Regional Jujuy de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, repudió el decreto de carácter declarativo que fuera firmado recientemente por el Intendente de Humahuaca Leonel Aldo Herrera declarando al municipio como ciudad “Pro-Vida”. Un hecho que representa, un enorme retroceso en materia de derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Resulta una normativa que se dicta, con argumentos contradictorios y una visión biologicista, binaria y heteronormada de la sexualidad, desconociendo las disidencias y las identidades no binarias. Argumentos confusos que no poseen perspectiva de género y avalan el carácter patriarcal de la sociedad y la cultura.
Esto evidencia la necesidad de implementar Educación Sexual Integral en todos los ámbitos que fueran posibles, como así también garantizar el derecho de mujeres y personas con capacidad de gestar a acceder a servicios de salud sexual tales como la Interrupción Legal del Embarazo vigente legalmente desde hace casi un siglo, y protocolizada por guías nacionales dictadas desde el Ministerio de Salud de la Nación surgidas del fallo FAL del año 2012, a las cuáles nuestra provincia adhiere y por tanto, tiene la obligación de cumplir.
La norma dictada autoritariamente por el Municipio de Humahuaca, resulta discriminatoria hacia las mujeres y personas con capacidad de gestar y tiene el objetivo de desprestigiar dispositivos de salud sexual integral como las Consejerías de Salud Sexual Integral, recurso imprescindible para las mujeres del lugar, dado que garantizan derechos desde una perspectiva de género y Derechos Humanos, que alojan, contienen, informan y asesoran a las mujeres que asisten solicitando acompañamiento para tener la libertad de decidir.
Si bien el decreto opera en el orden simbólico más que en lo práctico, incurre en un acto discriminatorio y de violencia institucional hacia las mujeres y personas con capacidad de gestar. Pretendiendo negar derechos adquiridos y un marco legal al que el Municipio debería ajustarse para no incurrir en faltas a la normativa vigente en la Argentina.
En el año 2014, también advertimos una ordenanza similar impulsada por un concejal que pretendía declarar a San Salvador de Jujuy como municipio «provida». Sin embargo, la Regional Jujuy de la Campaña, logró en aquella oportunidad la derogación a través de una denuncia en INADI, que expidió un dictamen favorable a nuestra denuncia por discriminación en los términos de la ley 23.592, lo que llevó a la inmediata derogación de la norma.
Advertimos que estos retrocesos no frenarán el avance de la marea verde, ni el ejercicio del poder de decisión que tenemos las mujeres y disidencias organizadas para conquistar nuestros derechos.
Hoy más que nunca decimos: Educación Sexual Integral para Decidir, Anticonceptivos para no Abortar, Aborto Legal Seguro y Gratuito para no Morir.
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