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El Gobierno excluyó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires del reperfilamiento de deuda. Esto significa que cobrarán en tiempo y forma los títulos públicos nacionales que tengan en su poder. Con estos cambios, el sector privado es el único que se verá impactado por la reestructuración de la deuda de corto plazo, anunciada por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a fines de agosto. Cuando pasaron solo 3 meses de ese anuncio, el Gobierno admite que la aplicación generó “desequilibrios financieros” en distintas jurisdicciones.
Además de las provincias y la Ciudad, serán excluidas del reperfilamiento sus entes descentralizados. Así lo indica el texto del decreto 796/2019, publicado este viernes en el Boletín Oficial: «Exclúyese de la postergación prevista en el Decreto N° 596 del 28 de agosto de 2019, a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo, cuya tenencia registrada al 31 de octubre de 2019 y titularidad a la fecha de pago corresponda a la Administración Pública No Financiera de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendiendo a estos efectos su Administración Central, Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios, Cuentas Especiales e Instituciones de la Seguridad Social», puntualiza el DNU.
Por su parte, el texto también detalla qué pasará con los títulos cuya fecha de pago original ya venció. “Serán cancelados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba esa información o de la publicación del presente decreto, la que ocurra última», detalla. Además, el decreto también ordena a las provincias a informar al Ministerio de Hacienda los detalles de los títulos: el valor nominal original, el intermediario financiero, la titularidad, la depositaria local en la que estén registradas las respectivas tenencias y las Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) bajo las cuales registran los títulos comprendidos.
El reperfilamiento de la deuda de corto plazo en pesos fue una de las primeras medidas de Lacunza al asumir en Hacienda, en un contexto de volatilidad del tipo de cambio y desplome diario de las reservas del Banco Central. Fue una de las decisiones de Lacunza que recibió más cuestionamientos ya que acrecentó la corrida bancaria por el temor de muchos sectores a ser los próximos en la fila. Esta situación terminó derivando luego en la aplicación del primer «cepo» cambiario anunciado el 1 de septiembre.
A 3 meses del reperfilamiento, el Gobierno admite ahora que la aplicación generó “desequilibrios financieros en algunas jurisdicciones locales y condiciona el cumplimiento de las obligaciones a cargo de ellas”. Esperan que esta decisión adoptada contribuya al “fortalecimiento de las autonomías de esos entes, a la sustentabilidad de sus esquemas fiscales y a su pleno funcionamiento”.
Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que este decreto es “bueno” para las provincias, dado que se normaliza el pago de LETES y LECAP, según consignó la agencia estatal Télam. “Queda pagarles aproximadamente un 25 o 30 por ciento del monto original, equivalente a unos 350 millones de pesos que se cancelarán en moneda local. No quedaba tanto porque se les fueron recomprando a las provincias que tuvieron vencimientos y tenían deudas que pagar”, agregaron.
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