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La Superintendencia de Servicios Públicos (Su.Se.Pu.) informó en las últimas horas que unos 45 mil hogares dejarán de contar con el beneficio de la tarifa social en el servicio eléctrico. Desde el organismo señalaron que por no realizar el reempadronamiento y otros tantos por anomalías.
Se informó que el control será más estricto de los beneficiarios para que la tarifa social llegue a quienes realmente lo necesiten. Se está evaluando a unos 40 mil solicitantes.
Cabe recordar que el beneficio de la tarifa social de luz que en 2018 pagaba la Nación y desde el año pasado quedó a cargo de la provincia.
En la provincia, existían unos 80 mil beneficiarios que contaban con la tarifa social, que demandaba una inversión a la Provincia de unos 20 millones de pesos. Tras el reempadronamiento que se cerró el 31 de octubre, cerca de 45 mil personas no renovaron la solicitud.
Héctor Simone, titular del organismo, dijo a los medios que “quedaron unas 40 mil personas inscriptas. Se está estudiando y evaluando si quedan todas”, aclaró el funcionario y subrayó que la evaluación seguirá este mes, pero adelantó que los que no cumplen los requisitos serán dados de baja en los próximos meses, como sucedió con los 45 mil que no se presentaron.
Para definir quienes seguirán con la tarifa especial se hará un control del ingreso de todos los que residen en la casa, con cruce de datos de otros organismos para ver la situación de criticidad que existe en ese domicilio.
Entre los requisitos principales que deben tener los beneficiarios de la Tarifa Social está ser jubilado o pensionado o trabajador en relación de dependencia que perciba una remuneración bruta menor o igual a dos Sueldo Mínimos Vital y Móvil. Otro requisito es ser trabajador monotributista inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere esos montos mencionados.
Además pueden ingresar quienes sean beneficiarios de una Pensión no Contributiva y percibir ingresos mensuales similares a los anteriores. También ser titular de Programas Sociales; estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social; estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico; estar percibiendo un seguro de desempleo, ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y contar con certificado de discapacidad y tener el titular o uno de sus convivientes una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia.
