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El Tribunal Administrativo del departamento colombiano de Cundinamarca, ratificó este sábado la suspensión del fracking en ese país, ordenada por el Consejo de Estado en el 2018.
El fallo ordena al Ministerio de Minas y Energía, tener en cuenta recomendaciones científicas para la protección de acuíferos, así como la reestructuración de Proyectos Pilotos Integrales (PPI) que consisten en experimentos técnicos y científicos para evaluar, con datos concretos, si es posible hacer la actividad.
Asimismo, exige el establecimiento de una relación de oferta y demanda hídrica de las actividades agropecuarias, domésticas e industriales, así como realizar un estudio que arroje la distancia adecuada entre las zonas de realización de la actividad y las viviendas y que no sea afectada la salud humana por los químicos.
La Alianza Colombiana Libre de Fracking y la Corporación Podion, recordaron que desde el 2018 cursa una acción popular a favor de la protección de derechos colectivos como el medio ambiente sano y la salubridad pública mediante la prohibición del fracking.
Para estos grupos se trata de una peligrosa actividad para el país y que amenaza el agua y la biodiversidad. Asimismo, aluden que con su proscripción se evita la extracción de toneladas de materiales radiactivos que se encuentran en el subsuelo entre otros impactos.
«Los proyectos piloto no solo pueden ser la puerta de entrada para esta nefasta técnica sino que además su magnitud y escala no pueden ser comparables con los cerca de 1.200 pozos que se estiman podrían estar en actividad con el desarrollo a plenitud de esta técnica», señaló la alianza respecto a los PPI.
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