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A las 11.30 de esta mañana ingresó en la Legislatura de Jujuy el pedido de juicio político y destitución del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Pablo Baca. La presentación, suscripta por el diputado provincial peronista Rubén Rivarola, presidente del PJ local, es «por incumplimiento de los deberes a su cargo y por la posible comisión de delitos en ejercidio de su magistratura».
Este miércoles habrá reunión de Labor Parlamentaria, y se espera que en la sesión extraordinaria del jueves dé inicio el proceso de juicio político contra Baca, quien hace un día fue denunciado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público y retardo de justicia.
La Comisión Investigadora que lleve adelante el proceso podría requerir el testimonio del gobernador Gerardo Morales, mencionado por baca en los audios como «el jefe del equipo».
Los diputados y diputadas del Frente de Todos-PJ adelantaron que van a acompañar la iniciativa «ya que consolida el trabajo realizado para devolverle justicia a la provincia y encausar el desastre de estos cuatro años», según expresó la legisladora Alejandra Cejas.
«Pablo Baca debe dejar de faltarle el respeto a todos los jujeños tratando de echar culpas, involucrando a otros y solicitando una licencia sin explicar el modo ni el lapso, ocupando un cargo que le pertenece a la justicia y con el cobro de haberes», agregó la diputada.
En las 38 páginas de la presentación firmada por Rivarola, se recorren los hechos relacionados con la difusión de los audios reconocidos por Baca como propios, de los que, dice el texto, se infiere «la existencia de irregularidades en la actuación de jueces y fiscales que desprestigian al Poder Judicial».
La presentación recuerda que la Constitución provincial establece que los magistrados y funcionarios sujetos a juicio político «solo pueden ser removidos por delitos, por incumplimiento de los deberes a su cargo o por incapacidad para el desempeño de sus funciones».
“No caben dudas que, de los hechos relatados, la causal de mala conducta -como causal autónoma del mal desempeño de los magistrados- debe prosperar en este caso concreto pue, a mi entender, no existe duda que el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy -Dr. Pablo Baca- ha incurrido en ella”, señala el pedido.
Remarca más adelante que Baca, una vez conocidos los audios, «no accionó contra el medio que lo difundió o el servidor para que retire la información por falsa o inexacta» y que «se manifestó públicamente en medios locales justificándose en que fueron opiniones expresadas en el ámbito privado grabadas sin su consentimiento de manera clandestina y que los instrumentos que la contienen no valían como prueba».
«Se preocupó solo de defender la independencia del Poder Judicial sin desconocer el contenido mismo de los audios y las expresiones por él vertidas, ni tampoco que fueran sus palabras, de lo que resulta que es verdad que conocía irregularidades en la actuación de jueces y fiscales sin haberlo denunciado cuando tenía la obligación constitucional», agrega.
En otro tramo, el diputado Rivarola aclara: «Hay expresiones Influencia del gobernador sobre el poder judicial, lo que significa que no se respeta el sistema republicano, aunque de ello no tengo prueba alguna».
«Lo que sí se encuentra probado es que conocía irregularidades», afirma, y añade: «El doctor Pablo Baca tenía la obligación de actuar y al no hacerlo incumplió las obligaciones a su cargo».
Por otro lado, en la presentación se afirma que las grabaciones en cuestión no tienen «nada de ilegal o ilícitas» porque fueron grabadas por una persona que fue «parte protagonista de las conversaciones».
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