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Este viernes, la Cámara del Senado aprobó la ley de góndolas que busca terminar con las posiciones dominantes de las grandes marcas en los supermercados, durante la última sesión extraordinaria antes de la apertura formal de sesiones del Congreso que será este domingo.
El proyecto de ley impulsado por el Gobierno fue aprobado con 56 votos a favor y cuatro abstenciones, Martín Lousteau, Lucila Crexel, Esteban Bullrich y el santacruceño Eduardo Costa.
De acuerdo con la nueva ley, los supermercados podrán otorgar a un proveedor el 30% de una góndola, que deberá compartir con al menos otros cinco proveedores. Además, establece que las cadenas deberán brindar un 25% de las góndolas a productos de pymes y un 5% a los de agricultura familiar.
La ley también ordena que la mitad de los productos de las islas de exhibición y los anaqueles de las cajas deberán ser elaborados por micro y pequeñas empresas nacionales, o por cooperativas y mutuales.
La senadora del Frente de Todos, Ana Almirón, que preside la comisión de Legislación General y fue la encargada de exponer los argumentos en favor de la iniciativa, destacó la necesidad de sancionar la ley en «un momento muy complejo del país en el que está en juego la pobreza y el hambre».
«Es una deuda pendiente, en un momento complejo donde el precio de los alimentos tiene impacto en la economía de las familias», sostuvo la legisladora por Corrientes en representación del oficialismo.
Almirón también cuestionó la posición del sector empresarial «que se aprovecha», dijo, «del hambre de los argentinos», con decisiones que impactan en la suba de precios.
La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) sostuvo que la meta de la nueva normativa es impedir que «los grandes oligopolios se queden con la mejor tajada», en desmedro de los pequeños productores y de los consumidores.
Sagasti cuestionó a quienes sostienen que «el Poder Ejecutivo pretende ir góndola por góndola con una reglita viendo en qué lugar está cada cosa» y consideró que esa afirmación «simplifica la discusión y es poco seria».
Muy crítico, el bonaerense Esteban Bullrich (PRO) sostuvo que la ley «no solo es insuficiente, sino que es inocua para los objetivos» que se fijó.
