En el cuarto aniversario del atentado contra Cristina Kirchner, los apoderados de 23 partidos políticos firmaron un documento que llama a reflexionar sobre el episodio ocurrido el 1° de septiembre de 2022 cuando a la vicepresidenta en ejercicio y dos veces presidenta le gatillaron un arma en la cabeza a unos metros de la casa donde vivía.
“Nunca más la eliminación del adversario. Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política”, advierte el texto de cinco carillas.
La pregunta que la mafia judicial no quiere responder: ¿Quién mandó a matar a Cristina? #4AñosDeImpunidad pic.twitter.com/F3mLOnfpF2
— La Cámpora (@la_campora) September 1, 2026
Sergio Massa (Frente Renovador), José Mayans (Partido Justicialista), Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), Guillermo Moreno (Principios y Valores), Juan Grabois (Patria Grande), Mario Secco (Frente Grande) y Juan Carlos Alderete (PTP-PCR) son algunos de los 23 apoderados que aparecen entre las firmas.
El texto analiza el funcionamiento y el impacto del lawfare en la Argentina, y recuerda que este cuarto aniversario del atentado coincide con los 50 años ininterrumpidos de la democracia, una etapa instaurada con el final de la dictadura cívico-militar en 1983. “Resulta alarmante que, medio siglo después del golpe, todavía existan sectores que conciban al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública”, advierte.
Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a @CFKArgentina la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales.
Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una…
— Axel Kicillof (@Kicillofok) September 1, 2026
“Quienes firmamos esta declaración hacemos llegar a Cristina Fernández de Kirchner nuestro abrazo y nuestra solidaridad al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 1° de septiembre. Pero, fundamentalmente, asumimos el compromiso de reivindicar el ejercicio de la política”, plantea sobre el final, y agrega: “Nadie debe ser perseguido, amenazado ni violentado por sus ideas políticas”.
El documento completo
A cuatro años del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 mientras ejercía la Vicepresidencia de la Nación, creemos necesario volver a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro.
Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió. Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas –fake news–, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner.
La llamada “antipolítica” no es solamente el rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes. También ha sido construida y alimentada como un sentido común por sectores del poder económico concentrado, y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos. Cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción; cuando el dirigente político es convertido en enemigo; cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada; cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad; cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse.
En ese contexto deben analizarse también las prácticas conocidas como lawfare: la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática. La articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el cual aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse.
Y existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física.
El 1° de septiembre de 2022 la Argentina estuvo a centímetros de atravesar definitivamente esa frontera. Un hombre apuntó un arma contra la cabeza de la entonces Vicepresidenta de la Nación y gatilló. Ese instante debería permanecer en nuestra memoria democrática no solamente por lo que ocurrió, sino también por lo que pudo haber ocurrido.
Por eso consideramos que este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Interpela al conjunto del sistema democrático argentino. Los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida.
Esta reflexión adquiere una significación todavía mayor cuando la Argentina transita los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sabemos que se trata de contextos históricos profundamente diferentes y que no corresponde establecer equivalencias simplificadoras. Pero nuestra historia debería habernos dejado un aprendizaje definitivo: ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto.
Hace cincuenta años, el terrorismo de Estado secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos y argentinas. La democracia recuperada en 1983 estableció otra regla para nuestra convivencia: las diferencias políticas se tramitan dentro de las instituciones, mediante la palabra, la participación popular y el voto. Por eso resulta alarmante que, medio siglo después del golpe, todavía existan sectores que conciban al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública.
Las herramientas pueden cambiar. El hostigamiento puede expresarse hoy mediante campañas digitales, noticias falsas, operaciones comunicacionales, persecuciones judiciales o discursos que promueven el odio. Pero existe un límite democrático que debemos defender colectivamente: nadie debe ser perseguido, amenazado ni violentado por sus ideas políticas.
Defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto. La política es discusión. Es confrontación de intereses, proyectos, valores e ideas. Es pasión, identidad y disputa por el rumbo de una sociedad. Pretender eliminar esas diferencias sería negar la propia democracia. Lo que debemos recuperar es algo distinto: la legitimidad del adversario. Poder discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente. Poder confrontar sin deshumanizar. Poder ganar y perder elecciones sabiendo que ninguna derrota habilita la persecución y ninguna diferencia justifica la violencia.
Quienes firmamos esta declaración hacemos llegar a Cristina Fernández de Kirchner nuestro abrazo y nuestra solidaridad al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 1° de septiembre. Pero, fundamentalmente, asumimos el compromiso de reivindicar el ejercicio de la política.
De defender la palabra frente a la violencia.
La verdad frente a la mentira organizada.
El debate frente a la estigmatización.
La participación frente a la antipolítica.
Y a trabajar para que la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación democrática vuelvan a ser reconocidos como lo que nunca debieron dejar de ser: un ejercicio noble, indispensable y profundamente democrático.
Nunca más la eliminación del adversario.
Nunca más la violencia política.
Más democracia.
Más participación. Más política.
Partido Justicialista — José Mayans; Frente Renovador — Diego Giuliano / Sergio Massa; Encuentro Republicano Federal — Miguel Ángel Pichetto; Nuevo Encuentro — Martín Sabbatella; Principios y Valores — Guillermo Moreno; Movimiento Nacional Alfonsinista — Leopoldo Moreau; Patria Grande — Juan Grabois; Frente Amplio por la Democracia — Ricardo Alfonsín; Radicalismo Auténtico — Federico Storani; Kolina — Carlos Castagneto; Frente Grande — Mario Secco; La Patria de los Comunes — Emilio Pérsico; Partido Solidario — Carlos Heller; Unidad Socialista — Jorge Rivas; Unidad Popular — Claudio Lozano; Forja — Gustavo López; Partido de la Victoria — Esteban San Pedro; Espacio Popular — Eduardo Sigal; PTP-PCR — Juan Carlos Alderete; Partido Intransigente — Lucrecia Monteagudo; Partido Comunista — Jorge Kreyness; Nueva Dirigencia — Matías Barroetaveña; Libres del Sur — Humberto Tumini.