El Consejo de Pueblos Originarios Llanka Makiy conmemoró los 72 años del Malón de la Paz con actividades en la plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, donde renovaron el reclamo por las tierras y por su participación en las decisiones que afectan a sus territorios. Denuncian además que no fueron convocados para el tan mentado Pacto Social Educativo, y que sus propias instituciones educativas son «ninguneadas» por el estado provincial.
“Hacemos esta actividad para recordarle al estado, para concientizar a la sociedad y refirmar el compromiso por la tierra y el territorio. Seguimos diciendo, a pesar de haber pasado 72 años, que los problemas no se resuelven, los territorios siguen estando en manos de extranjeros y no se han entregado títulos comunitarios”, sintetizó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) Jorge Angulo.
Las demandas de las comunidades incluyen también la cuestión educativa. “Creemos que es muy importante ver cómo se transmite nuestra historia”, señaló Angulo, y repasó: “Como Consejo, nosotros hemos tomado hace tres años la decisión de tomar la educación propia como una herramienta para seguir trasmitiendo y formando a nuestras guaguas y jóvenes”.
La queja es que el estado no reconoce esa educación como válida. “Está siendo ninguneada, y lo vemos reflejado en el tiempo que se tarda en oficializar a las instituciones creadas por la comunidad”, afirmó, y dio como ejemplo el caso del jardín intercultural bilingüe Wawa Wasi, de La Quiaca, cuyos docentes no han cobrado el sueldo, algo que el estado provincial está obligado a garantizar.
“A pesar de estos avasallamientos, seguimos adelante, porque creemos que la educación es parte de la causa de los pueblos”, afirmó Angulo.
Sobre el desarrollo del llamado pacto social educativo que promueve el gobierno provincial, remarcó que las comunidades no han sido consultadas. Por eso es que insisten en exigir que se cumpla con la consulta previa a los pueblos originarios. Explicó que las comunidades tienen maneras distintas de llevar adelante estas consultas, plasmadas en protocolos, como los del Consejo de Cochinoca y del pueblo Ocloya. “Eso es lo que pedimos y estamos haciendo notas para posicionarnos, diciéndoles a las autoridades de Educación que consulten a las comunidades indígenas”.
-¿Han tenido alguna reunión con el ministerio de Educación?
-Desde el Consejo de Pueblos Originarios Llanka Makiy no hemos tenido ninguna reunión ni charla ni nada, ni ellos tampoco nos han tenido en cuenta. Así es como violan los derechos, se invisibilizan, porque llevamos trabajando cerca de 13 años con la educación indígena, en un proceso de trasformación, de reconstrucción de nuestra educación en lo urbano y lo rural. A pesar de eso, se invisibiliza. Hay lugares adonde han ido a reunirse, pero no con la totalidad. La provincia tiene alrededor de 300 comunidades, y creemos que la consulta debe ser con la totalidad.
Sobre la situación respecto de las tierras, Angulo destacó que el año pasado lograron la prórroga de la ley 26.160, que suspende los desalojos de tierras en disputa, pero aclaró que esa “no es la solución”. Lamentó que, a pesar de tener un marco legal, este se viola.
Para avanzar en el tema de los territorios, las comunidades van ahora por un segundo paso: “la concreción de una vez por todas de la ley de propiedad comunitaria, que es la entrega definitiva de las tierras, para poner en manos la tierra de los verdaderos dueños que son las comunidades indígenas”, describió Angulo, y agregó: “Si no damos este paso, se sigue avanzando en emprendimientos que benefician a los poderes, como los mineros, y perjudican a las comunidades”.