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A dos años del debate de la reforma de la Constitución de Jujuy y las numerosas protestas que se desarrollaron en ese momento, «no ha habido prácticamente ningún avance concreto en la rendición de cuentas por la represión y la criminalización que caracterizaron a la masiva movilización social de la población jujeña en 2023».
Esta es la principal conclusión del informe «Callar no es una opción: Jujuy entre la represión y la impunidad», elaborado y difundido este viernes por Amnistía Internacional (AI).
“Este segundo aniversario del proceso de reforma constitucional ha estado tristemente marcado por la impunidad, lo cual es un reflejo de la estrategia estatal de silenciar a quienes se atreven a reclamar sus derechos», señala la organización de derechos humanos.
Ana Piquer, directora para las Américas de AI, reveló que «en todo este tiempo, la Provincia de Jujuy no ha dado respuestas sobre las tácticas implementadas con el claro objetivo de violar el derecho a la libertad de reunión pacífica en la provincia, tales como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, o las investigaciones para criminalizar a los manifestantes”.
Desde AI recuerdan que en menos de un mes, entre mayo y junio del 2023, se debatió y se aprobó «una reforma constitucional regresiva en materia de derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas, a puertas cerradas y de forma exprés en la Legislatura de Jujuy, lo que llevó a miles de personas a las calles a manifestar su rechazo al texto propuesto y a reclamar por la falta de participación y consulta».
De manera detallada, el informe expone cómo el Estado de Jujuy «no solo dio la espalda insistentemente a los reclamos legítimos de participación, sino que también difundió el temor, la violencia y la intimidación a quienes alzaron la voz».
También evidencia «la completa exclusión de los pueblos indígenas del debate sobre la reforma, en un contexto de despojo territorial y discriminación estructural en la provincia con la mayor proporción de personas indígenas del país».
«Primero, con la aprobación de la nueva constitución sin su consentimiento libre, previo e informado, como determina el derecho internacional de los derechos humanos, y luego con la prohibición normativa y la dispersión violenta de cortes de calle, restricciones desproporcionadas del ejercicio legítimo del derecho a la protesta”, recordó Mariela Belski, directora ejecutiva de AI Argentina.
El relevamiento
Para esta investigación, la organización entrevistó a 111 personas, el 90 por ciento de ellas pertenecientes a pueblos indígenas, y al menos 91 que participaron directamente en las protestas.
La delegación también realizó reuniones con autoridades y remitió diversos pedidos de acceso a la información pública a entidades de la provincia.
Además, el equipo de verificación digital de la organización relevó más de 50 registros fílmicos y fotográficos para analizar los hechos y el empleo de la fuerza por parte de los agentes policiales.
Lesiones graves
En su informe, AI determinó que la policía provincial empleó «el uso ilegítimo, arbitrario y excesivo de la fuerza con el propósito claro de despejar las protestas».
En particular, la organización documentó el uso ilegítimo de gases lacrimógenos y de balas de goma, incluyendo el disparo de proyectiles de impacto múltiple cuyo uso debería ser totalmente prohibido de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
También se registró el empleo de armas no regularizadas, como resorteras, piedras, y látigos.
La represión dejó al menos 170 personas heridas, por lo menos diez de ellas con un impacto de bala de goma o de cartucho de gas lacrimógeno en la zona facial, tres de las cuales perdieron la visión de un ojo.
Detenciones arbitrarias, criminalización y malos tratos
La respuesta represiva de las manifestaciones en la provincia de Jujuy también estuvo acompañada de una estrategia de criminalización.
El informe de AI revela al menos 99 detenciones durante las manifestaciones en Jujuy, incluyendo detenciones arbitrarias sobre todo durante las protestas del 17 de junio en Purmamarca y 20 de junio en San Salvador de Jujuy.
Además, se identificó que las autoridades policiales realizaron detenciones con uso ilícito de la fuerza, incluso de niños y adolescentes, en las cuales los manifestantes fueron víctimas de golpes y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Al menos 86 personas fueron imputadas penalmente y siguen siendo investigadas, entre otras, bajo figuras delictivas que carecen de claridad legal y suelen utilizarse para criminalizar la protesta, como “resistencia a la autoridad”, “entorpecimiento del tránsito” y “sedición”.
Amnistía también constató el uso generalizado del Código Contravencional provincial para intimidar y sancionar abusivamente a las personas que se manifestaban pacíficamente. Se registraron al menos 82 procesos contravencionales, muchos de los cuales en contra de personas que también estaban imputadas en sede penal, lo cual podría violar su derecho a no ser juzgadas dos veces por el mismo hecho.
Los casos
En el informe se relatan algunos de los casos más emblemáticos de víctimas de la represión y la violencia institucional.
Como el de Joel Paredes, uno de los casos de pérdida ocular documentados por Amnistía Internacional. Preocupado por el futuro de sus hijos, el ceramista de 29 años se sumó a una protesta en la plaza de Humahuaca en la tarde del 30 de junio de 2023. Junto a cientos de personas que se manifestaban pacíficamente, tocaba el bombo con su banda mientras el Consejo Deliberante de Humahuaca sometía a debate la reforma en un edificio cercano.
En la madrugada, la policía llegó a la plaza y empezó a disparar balas de goma indiscriminadamente contra la multitud, alcanzando a Joel en el ojo derecho. La lesión requirió cirugía, pero el personal médico no pudo salvarle la vista, y Joel ha quedado, de manera permanente, ciego del ojo derecho y padece un dolor nervioso debilitante que afecta a su vida diaria.
Nadie ha rendido cuentas por lo ocurrido a Joel.
En 2024, Joel Paredes fue uno de los diez casos destacados globalmente en la campaña Escribe por los Derechos, que Amnistía Internacional lanza todos los años en apoyo a personas que han sido hostigadas, amenazadas o encarceladas injustamente.
También están relatadas las historias de Santos Manfredi, que fue agredido en el corte de Purmamarca por un bastón policial en el brazo que le generó un desgarro muscular y luego recibió alrededor de diez disparos de balas de goma por todo el cuerpo, uno de ellos en el ojo derecho.
Lucas, un joven residente de Purmamarca, que tenía 17 años cuando fue víctima de la represión en las protestas en Purmamarca el 17 de junio, también relató su experiencia a AI. «El 17 de junio subí al cerro a ver qué pasaba, como había gases bajé del del cerro y bajando sentí un disparo de bala de goma en la espalda. Tenía tanta bronca que le dije a los policías que me disparen y un policía me disparó al ojo”, contó. Luego fue detenido sin que se le explicaran los motivos, ni recibió asistencia médica durante las horas que estuvo demorado. “Ahora me siento perseguido, siento que me mira mucho la policía, que me sacan fotos”, reveló.
Sin respuesta oficial
La organización compartió previamente estos hallazgos a las autoridades de la Provincia de Jujuy, pero no recibió ninguna respuesta.
El 28 y 29 de este mes, una delegación de Amnistía Internacional visitó la provincia de Jujuy para presentar el nuevo informe, reunirse con autoridades, demandar justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas de la violencia estatal y entregar a Joel Paredes los miles de cartas que recibió de miembros y activistas de todo el mundo, en solidaridad por las violaciones de sus derechos humanos que sufrió en manos de la policía de Jujuy.
“Nadie ha sido sancionado por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión y las víctimas siguen esperando justicia. Casos como el de Joel jamás deben ser olvidados pues recuerdan a las autoridades la enorme deuda pendiente con la sociedad jujeña, especialmente con los pueblos indígenas de la provincia, que siguen luchando por el reconocimiento y la garantía de sus derechos humanos”, concluyó Ana Piquer.
El informe
El informe elaborado por AI, de 68 páginas, está organizado en dos partes.
En la primera, sobre el proceso de Reforma Constitucional Inconsulto y Regresivo, se detallan los derechos afectados, como a la reunión pacífica, de los pueblos indígenas y a un medioambiente limpio, saludable y sostenible, como también la ausencia de consentimiento libre, previo e informado.
En la segunda parte se da cuenta de las protestas y la violación y restricciones al derecho a la reunión pacífica, además de la violación de las obligaciones internacionales sobre el uso de la fuerza y el uso ilícito de armas menos letales, gases lacrimógenos, fuerza física hacia los manifestantes y comportamientos inadecuados en el uso de la fuerza.
También, la falta de asistencia y servicios médicos a las víctimas, la falta de identificación de los agentes, la criminalización de la protesta, las detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos y degradantes, las causas penales y contravencionales y la ausencia de rendición de cuentas sobre la actuación de las fuerzas policiales.
Finalmente, se ofrecen las conclusiones y recomendaciones surgidas de la investigación.
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