Los estatales se habían reincorporado a sus lugares de trabajo mediante un acta rubricada por una escribana pública nacional, pero tras ese hecho aún no han sido dados de alta por esa Institución, y ya llevan más de ocho meses de incertidumbre laboral, sin cobrar sus sueldos, y sin que las autoridades de ese organismo cumpla con lo ordenado por la Justicia.
A pesar de los fallos a favor en la Justicia, las autoridades de la SAF, que dependen del Ministerio de Agroindustria de la Nación, continúan sin ejecutar las sentencias que ordena reincorporar a los trabajadores que ilegal, e injustificadamente, fueran despedidos en el mes de febrero de este año.
Dos meses pasaron desde que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta falló a favor de los trabajadores de la SAF Jujuy, confirmando lo ordenado en su momento por el Juzgado Federal N° 1 de la provincia de reincorporar a los trabajadores despedidos de forma discriminatoria de esa dependencia del Estado.
Mediante dos fallos, la Justicia federal determinó la nulidad de los despidos y ordenó la inmediata reincorporación de los trabajadores. Los jueces declararon nulos los despidos por considerarlos arbitrarios y persecutorios por ser todos agremiados a ATE, ya que el estado no pudo dar cuenta de ningún motivo o justificación para despedir a los trabajadores. Además los jueces valoraron que la antigüedad de los trabajadores despedidos (todos con más de seis años) no permite que sean considerados transitorios, como pretendieron las autoridades de ese Ministerio.
Pese a las sentencias judiciales y todas las gestiones realizadas por los trabajadores, las autoridades continúan mostrando su hostilidad hacia los despedidos, haciendo caso omiso de las resoluciones judiciales sin efectivizar la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras.
Esta denegación de justicia implica dejar sin salario a las familias de los despedidos y sin asistencia técnica a las familias agricultoras que eran asesoradas por los técnicos y técnicas despedidos.
Los estatales se declararon en estado de alerta y movilización, y señalan como responsables de la situación por la que atraviesan al Ministro de AgroIndustria Ricardo Buryaile, al Secretario de Agricultura Familiar Oscar Alloatti, y al delegado de la provincia de Jujuy, César Sánchez.