Con el objetivo de recaudar unos mil millones de dólares, Javier Milei pondrá a la venta más de 200 inmuebles del Estado, incluidos varios predios en poder de las Fuerzas Armadas, como el Campo Hípico militar y el Regimiento de Patricios, y también propiedades que se encuentran en el exterior.
La tarea le fue encomendada a los funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por cuyos despachos ya circuló un primer listado con las “joyas de abuela” a rematar. Si bien la medida todavía está en etapa de revisión, despertó las alarmas en las Fuerzas Armadas, que se llevarían la peor parte.
Según informa Página/12, en la familia militar hay “malestar” y una preocupación creciente ante la posibilidad de que tengan que desprenderse forzosamente del Campo Hípico militar y del Regimiento de Patricios, entre muchos otros terrenos estratégicos codiciados por el mercado inmobiliario.
Todo parece indicar que, además, los remates se harán sin pasar por el Congreso, mediante una serie de decretos o un mega DNU, tal como lo hizo en su momento Mauricio Macri, quien —al menos hasta ahora— ostenta el récord de ser el presidente con más terrenos estatales enajenados.
Quien está trabajando en los detalles es Nicolás Pakgojz, un exfuncionario porteño de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al que nombró en diciembre al frente de la AABE y a quien se vincula como lugarteniente de los intereses del empresario Eduardo Elzstain, el dueño del Hotel Libertador donde el Presidente vivió durante el tramo final de la campaña e incluso durante el primer mes de su mandato.
Milei empoderó a Pakgojz con un DNU (el 636/24) publicado a mediados de julio que reforma las atribuciones de la agencia y le otorga “plenas facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de inmuebles del dominio privado del Estado Nacional”.
Esa misma norma habilitó al Presidente vender los terrenos a su sola firma y agilizó los procesos de la AABE, que desde diciembre funciona bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, para llevar a cabo el desguace.
Entre los primeros inmuebles cuyo remate ya se informó oficialmente está el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Mujeres, como también terrenos y bienes “incautados en casos de corrupción”.
Desde la Rosada sostienen que solo se venderán “propiedades en desuso” que están desaprovechadas o pueden rematarse sin mayor costo político. Sin embargo, trascendió que todos los ministerios y dependencias estatales recibieron en los últimos meses el pedido de la AABE para que le informen la cantidad total de inmuebles y terrenos que tienen a disposición, no sólo aquellos que están abandonados o en malas condiciones.
Ese requerimiento lo recibieron también las Fuerzas Armadas, que gestionan las tierras más cotizadas. Si bien no existe un inventario completo y actualizado, se estima que el Ejército tiene más de 1500 inmuebles, la Armada unos 3500 y que entre la Prefectura y Gendarmería suman otros 3000.
También están a tiro de remate buena parte de los terrenos ferroviarios y los que están en poder de las universidades nacionales, de algunos organismos como el INTI y hasta el predio de Tecnópolis.
Posibles amparos
El Presidente que ostenta todos los récords en remates de tierras públicas es Mauricio Macri. Según un informe de la SIGEN, entre 2016 y 2019 se habilitaron 71 procesos de venta, de los cuales uno solo se hizo vía licitación pública. La mayoría de los terrenos vendidos fueron en CABA (casi 8 de cada 10), y el expresidente incluso fue investigado por la OA por los traspasos a Rodríguez Larreta sobre el final de su gestión. De acuerdo al mismo informe, Macri recaudó unos U$S676 millones.
Otro de los elementos que introdujo Macri en materia de remate del patrimonio estatal fue que lo hizo por decreto. Cuando Cristina Kirchner creó la AABE vía el decreto-ley 1382 de 2012, le dio al organismo la facultad de centralizar y ejecutar las concesiones y ventas de tierras públicas, pero la norma dejaba abierta la posibilidad de que la última palabra, la autorización final, la tomara tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo.
Macri aprovechó ese vacío normativo y se basó en un viejo decreto de la dictadura que, obviamente sin Congreso, delegaba esa facultad en el titular del PEN. Milei apeló a ese mismo decreto dictatorial para ampliar las facultades de la AABE y atribuirse los mismos poderes. Es más, las ventas podrían ser aprobadas incluso por el Jefe de Gabinete en caso que el valor catastral no supere los 1.500 millones de pesos.
Ya hay quienes advierten que la intención de Milei de ningunear al Congreso podría generar planteos legales, desde amparos en el fuero Contencioso hasta denuncias de tipo penal.
En particular, hay terrenos militares en los que se comprobó que funcionaron centros clandestinos de detención, como el caso del Regimiento de Patricios, por lo que también podría haber una lluvia de planteos de no innovar. Lo mismo sucedería con otras tierras, aunque por otros motivos, como es el caso de Tecnópolis.
«El Plan Sistemático de venta de tierras públicas que implementará Milei va en contra de la Constitución Nacional por que no tiene autorización del Congreso para hacerlo y podrá constituir la comisión del delito de asociación ilícita que alcanzará a todos los que participen en estas ventas», explicó a Página/12 el abogado y titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, que hace años investiga y denuncia las ventas de tierras en territorio porteño. «Buscaremos todas las vías institucionales y judiciales para evitar este despojo de lo público», advirtió.