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Sergio Maldonado, hermano de Santiago

A seis años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, ni verdad ni justicia

La familia de Santiago Maldonado, el artesano de cuya desaparición cuando participaba de un reclamo mapuche se cumplirán mañana seis años, sigue demandando el esclarecimiento de los hechos ante la justicia y teme por el estancamiento de la causa mientras siga en manos del juez federal Gustavo Lleral, quien la había archivado en 2018.

Maldonado desapareció el 1° de agosto de 2017 durante un operativo represivo de Gendarmería Nacional contra una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen, en Chubut, en reclamo de tierras ancestrales ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut.

El cadáver de Santiago fue encontrado 78 días después, 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez, en una zona que, tal como denunció la familia Maldonado en reiteradas oportunidades, ya había sido rastrillada en tres ocasiones a través de una búsqueda que incluyó helicópteros, drones y perros rastreadores sin encontrar nada.

En diálogo con la agencia Télam, su hermano, Sergio Maldonado, expresó su preocupación por el estancamiento de la causa y porque siga en manos de Lleral, el juez que cerró una investigación plagada de irregularidades en 2018 y que, pese a haber sido recusado varias veces y de haberse inhibido, vuelve a tener el expediente en sus manos por tercera vez.

«A seis años de la desaparición de Santiago nos encontramos sin ninguna investigación ni avance en la causa, habiendo varios imputados por el fiscal, con total impunidad; con la responsable número uno, Patricia Bullrich (entonces ministra de Seguridad) siendo candidata a presidenta, y sin un juez imparcial que se digne a investigar», fue la síntesis que hizo Maldonado sobre cómo los encuentra este sexto aniversario a él y a su familia.

La incertidumbre que sigue atravesando la familia Maldonado se hace evidente en las palabras de Sergio: «Ya pasaron seis años y estamos cada vez más alejados de lo que necesitamos que es la verdad y la justicia, saber qué pasó con Santiago y qué hicieron con él durante 78 días».

Tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que resolvió que «no hay nada definitivo» en la causa y que por lo tanto debe seguir con el curso de la investigación bajo la carátula que lleva el expediente por desaparición forzada de Santiago, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, dijo que «mientras esté en manos de Lleral son pocas las expectativas de que avance la investigación», pues «él mismo ya dijo que no hay nada que investigar».

Además de estar imputado en la causa el gendarme Emmanuel Echazú por su participación en el operativo de represión del 1° de agosto, hay otros seis actores involucrados en el proceso y señalados por el Ministerio Público Fiscal para que sean sindicados. Se trata del comandante Juan Pablo Escola, el sargento ayudante Víctor Vaquila Ocampo y el cabo Marcelo Ferreyra, quienes ya han designado como abogado defensor al mismo representante legal de Echazú, Manuel Barros.

Barros es también el abogado que asiste al diputado  nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman en la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Aún se espera una definición por parte de Lleral sobre si citará a comparecer a los otros tres involucrados: el exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación Pablo Noceti y los exdirectivos de la Gendarmería Gerardo Otero y Ernesto Oscar Robino.

«Durante todo este tiempo la familia no sólo tiene el dolor de haber perdido a Santiago, sino el dolor que genera la impunidad y todo el tiempo transcurrido sin respuestas, más todos los agravios que han sufrido como familia», expresó la abogada que trabaja hace 20 años con casos de desaparición forzada.

La letrada consideró que lo que tiene este caso en particular es que «más allá de estar politizado, está partidizado».

«Acá hay un partido político que claramente lo tiene como bandera creando ese ‘enemigo interno’, con su discurso violento y contra todo tipo de manifestación. El caso de Santiago fue uno de los ejes de campaña electoral en 2017 y hoy vuelve a serlo», opinó Heredia, con «la única diferencia» -añadió- de que la que en aquel entonces era ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy se postula como precandidata a presidenta con el mismo discurso «de orden y mano dura».

El pasado 25 de julio Santiago Maldonado hubiera cumplido 34 años. A su hermano «le cuesta imaginar» cómo sería él hoy, pero teniendo en cuenta «cómo entendía las cosas», consideró que «vivía mucho más adelantado de lo que hoy se ve o imagina».

«Lo que pasó con Santiago fue una punta de lanza de lo que hoy estamos viendo con todo el avance por la apropiación de los recursos minerales, el crecimiento de una derecha que ya es extrema derecha. La apertura de eso fue Santiago», sostuvo Sergio.

Para la abogada de la familia, el de Santiago es un caso «muy especial», que la interpeló desde un lugar personal. «Cuando tuve la oportunidad de empezar a ver lo que él hacía, cómo pensaba, a través de sus dibujos, canciones, poesías, su dulzura, me hizo acordar mucho a uno de mis hijos. Me conmovió esa inocencia por una utopía, su convencimiento que lo hizo poner todo el cuerpo», expresó Heredia.

Este martes se cumplen seis años del día en el que Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez. Aún su familia no sabe qué pasó con él durante los 78 días que estuvo desaparecido ni cómo ni cuándo murió y sigue reclamando por verdad y justicia.

Del expediente

En el marco de la causa principal 8232/2017, caratulada “Echazú Emmanuel s/Desaparición forzada de persona”, el fiscal Baquioni había pedido la indagatoria de Escola por el delito de daños y abuso de autoridad, y a Vaquilla Ocampo y Ferreyra por daño y omisión de los deberes de funcionario.

En esa oportunidad había adherido al pedido de la querella de la familia Maldonado de «reapertura de la investigación respecto a posibles irregularidades de los agentes de Gendarmería». El fiscal recordó que tanto la Cámara de Comodoro Rivadavia como la de Casación se habían pronunciado por la reapertura del caso, archivado por el juez Lleral.

En efecto, el 5 de septiembre de 2019, el Tribunal de Alzada revocó el sobreseimiento de Echazú y dispuso medidas al afirmar que el cierre de la investigación aparecía «prematuro ante la existencia de diligencias que posibilitarían establecer de manera más precisa la real ocurrencia de los hechos», que la investigación no se encontraba «agotada», y que correspondía «profundizarla para reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon el suceso».

Para el Tribunal se trató de «una muerte traumática dudosa acontecida en un contexto de intervención estatal”.

Para el fiscal Baquioni, se trata de «un suceso que conmovió a la sociedad argentina, el hallazgo sin vida de Santiago Maldonado el 17 de octubre de 2017″. Y la conducta que se atribuye a Escola, como jefe del operativo, es no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar la destrucción de elementos incautados a integrantes de la comunidad de acuerdo a los estándares de protección previstos en la Constitución Nacional, las leyes y protocolos de su competencia funcional», dijo.

La fiscalía valora como prueba la palabra de los y las mapuche, por ejemplo el testimonio de Claudina Pilquiman: «Estaba con mi nietito y mi nene, y en una me dice mi nietito ‘esos están quemando mi acolchado, ese es mi acolchado’ y yo le digo ‘no no, se parece’, ‘no, sí, es mío’, y de repente mira así y veía como le tiraban sus juguetes, les tiraban sus peluches, una ranita que el siempre dormía con esa, y sus cosas, y después trajeron otra carpa de un lamien (hermano) y la subieron a una camioneta, la sacaron, y al rato volvieron a ingresar, y la prendieron fuego de vuelta».

De la causa surge que los elementos secuestrados que no fueron incinerados jamás fueron devueltos. Además, Sergio Maldonado dijo en reiteradas oportunidades que sospecha que en esas fogatas pudo haber sido destruida la mochila de Santiago.

Otro testimonio que avala las sospechas del fiscal es el del cabo primero Andrés Ahumada, que oficiaba de chofer de Escola, y a quien otros testigos clave señalan como uno de los responsables de la muerte de Maldonado. Según el gendarme, Escola ordenó desmantelar las carpas y casillas de los mapuche, y cargar todo en una camioneta, sin que esa decisión tuviera que ver con la presunción de delito alguno. Las personas que Gendarmería pretendía detener se habían dado a la fuga, de modo que romper y quemar las casillas y pertenencias sólo fue producto de la saña.

Para responder eventualmente a estas acusaciones, Escola, Vaquilla Ocampo y Ferreyra gozan de la asistencia legal del mismo letrado que Milman -sería pertinente saber si el Estado abona tales honorarios-, aunque por el momento disfrutan de los beneficios de que la causa siga en manos del juez que firma los escritos con un eterno «téngase presente».

La misma inercia alcanza a la declaración testimonial de la profesional civil, que declaró con su nombre y apellido pero que tras haber conversado con el diario Página/12 pidió reserva de identidad y se la conoce como «la testigo D». Los días posteriores al operativo en Cushamen ella afirma haber escuchado a los gendarmes decir: «Detuvimos a un hippie, lo llevamos al puesto de Benetton para sacarle información».

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