El Poder Judicial ordenó la detención de un solo policía, quien luego de un juicio exprés fue absuelto en agosto del año pasado. Ante un pedido de apelación, la sentencia de impunidad fue ratificada por el Superior Tribunal de Justicia a principios de este año. Tanto el gobierno justicialista como el radical se ubicaron en defensa del aparato represivo. Mientras tanto, los familiares y amigos de las víctimas siguen reclamando justicia.
El fusilamiento
Después del hecho, la Policía y el Poder Judicial construyeron un relato que justificará este caso de gatillo fácil a ojos vista. Dijeron que los jóvenes no respetaron un control policial y se dieron a la fuga, y que ante este hecho, al contar la policía con denuncias de robo en la localidad de Calilegua, el móvil policial inició una persecución y un «enfrentamiento» con los menores, quienes supuestamente portaban un arma de fuego, algo que nunca pudieron probar.
De estos acontecimientos se decantaría el argumento que sostiene que el policía Pablo Arrascaeta, sindicado como el responsable del asesinato de Obiña y Calderón y detenido durante casi dos años por este crimen, actuó «en legítima defensa y en cumplimiento del deber».
El caso es que los cuerpos de los jóvenes tenían signos de golpes y rastros de haber sido arrastrados, el arma que aparentemente empuñaban los menores nunca se encontró, y los estudios del perito en balística tampoco encontraron pólvora en las manos y brazos de las víctimas. Todos datos que desmoronan la hipótesis del «enfrentamiento» y marcan a las claras que los jóvenes fueron reducidos, torturados y fusilados por los policías, y luego trasladados a un camino interno, propiedad de la empresa Ledesma, a la altura de una bomba de agua y canal de riego cementado conocido por los lugareños como La Pantalla.
En dicho lugar hay una casilla de seguridad de la empresa Ledesma, pero lamentablemente la patronal se negó a brindar información sobre qué vigilante de la empresa se encontraba ese día y a esa hora en el lugar cumpliendo tareas de seguridad.
Al amparo del gatillo fácil
El caso pasó de los tribunales de San Pedro a los de San Salvador, por consiguiente la causa cambió de fiscales y jueces, y en un juicio escandaloso que se llevó a cabo en el agosto de 2015, se absolvió al policía. Así fue que Arrascaeta salió en libertad, y al día de hoy solo se encuentra separado de la fuerza.
La violencia institucional ejercida por el policía fue justificada, ya que para la justicia jujeña los jóvenes habrían sido correctamente perseguidos, reducidos y fusilados. Cuando la realidad marca que tanto Pablo como Gonzalo fueron abatidos a balazos y asesinados por portación de rostro.
Ambos eran jóvenes, hijos de trabajadores pobres, parte de una generación sin expectativas de vida, la famosa juventud «ni ni», que ni trabaja ni estudia, la que para el partido judicial y el aparato represivo del estado son criminales. Visión que coincide con “los cantos de sirena” que plantean combatir el delito bajando la edad de imputabilidad, de 16 a 14 años; una política común en las plataformas de los tres principales candidatos de los partidos del régimen que se disputaron la presidencia del país en las últimas elecciones.
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy, tanto bajo el gobierno de Fellner (PJ) como bajo el gobierno de Morales (UCR), intervino al amparo del gatillo fácil, garantizando la impunidad de la policía en este crimen contra la juventud. Decimos esto porque la justicia de Fellner con su dictamen absolvió al policía, y la justicia de Morales (ampliada de cinco miembros a nueve) ante el pedido de apelación del abogado (Martin Patiño) de los familiares de las víctimas, ratificó el fallo de impunidad.
El pedido de justicia continúa
A tres años del fusilamiento de los jóvenes, familiares y amigos de Pablo y Gonzalo, parientes de víctimas de femicidios, y organizaciones políticas de izquierda (PTS-FIT) solidarias con la causa, se manifestaron en reclamo de justicia, para que se termine con el encubrimiento que rodeó desde un primer momento este crimen.
El jueves 10 de noviembre, cerca de cien personas marcharon desde la iglesia San Francisco de Asís hasta el barrio Ledesma, recorriendo de punta a punta la localidad de Libertador Gral. San Martin al grito de «aquí en Ledesma, ya nunca más, a ningún pibe van a matar».
La conmemoración y protesta finalizó con un refrigerio para los manifestantes y un recital de rock en la vivienda de la familia Obiña. La banda de punk rock Pobre Chango y el grupo de heavy metal Utopía brindaron su arte de modo solidario con la lucha de los familiares de víctimas de gatillo fácil.