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A tres semanas de la inundación, exigen que se declare la emergencia en Tilcara

Vecinos de Tilcara reclaman que el gobernador Gerardo Morales cumpla con su compromiso de declarar la emergencia para que se destinen recursos que permitan solucionar los graves problemas que enfrentan los damnificados por la crecida del Río Grande del 8 de febrero.

En una nota remitida por el Consejo de Emergencia, le piden “la efectiva firma del decreto de declaración de zona de emergencia a Tilcara, mediante el cual se concretarán las acciones que el Estado provincial y nacional pueden efectivizar”.

En el texto advierten que la contención para los más de 600 ciudadanos damnificados “demanda la concreción administrativa para la disponibilidad efectiva de recursos y sostener en el tiempo las políticas públicas que desarrollarán las acciones en zona”.    

El Consejo local de Emergencia de Tilcara está conformado por instituciones, vecinos de Tilcara y de diferentes localidades de la provincia junto a referentes representantes de damnificados, y fue creado para afrontar la situación.

Jorgelina Gaspar, integrante del Consejo y una de las personas afectadas por la crecida, explicó en diálogo con El Submarino que “todo lo que se está haciendo es a pulmón, con los recursos locales, con el aporte de los vecinos, porque muchos de los compromisos que se tomaron públicamente todavía no llegan”, dijo Gaspar.

Se refiere al compromiso de dictar una declaración de emergencia para la zona, que finalmente no tuvo aprobación en la Legislatura provincial. “Nos dijeron que iba a estar el decreto, pero todavía no lo tenemos”, afirmó.

El mismo día de la inundación, recuerda, Morales se presentó con otros funcionarios en la zona inundada y prometió de palabra, ante la presencia de vecinos y medios de comunicación, que firmaría un decreto de declaración de emergencia, encararían obras de defensas en los ríos y se  entregarían subsidios y apoyo económico a los afectados.

La declaración de emergencia no es solo un marco legal o simbólico, tal como advierte Gaspar, sino que implica la asignación de fondos públicos para no ya paliar sino resolver  el problema de los vecinos afectados.

Los problemas son concretos: “Hace dos lunes tenían que demoler las viviendas que estaban apuntaladas, y se tenía que comenzar la reconstrucción de las viviendas caídas, pero hasta ahora no se comenzó nada de eso”.

Cerca de quince casas son las que se encuentran en estado crítico. Además de repararlas –e incluso reconstruirlas-, hace falta plata para afrontar los gastos de alquiler de sus moradores, que debieron mudarse provisoriamente.

-¿De dónde está saliendo esa plata?

-Con recursos locales y aportes solidarios del pueblo, pero ya no tenemos recursos para seguir pagando. Además, las cabañitas donde se instalaron las tienen que desocupar, porque están alquiladas para Semana Santa. 

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