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«Mataron y tergiversaron los hechos para ocultar la verdad», dijo la mamá de Gonzalo Domínguez, uno de los cuatro pibes muertos mientras huían baleados por la policía. Los familiares apuntaron a la responsabilidad política de la intendenta y la gobernadora.
A un mes de la Masacre de San Miguel del Monte, ocurrida durante la madrugada del 20 de mayo, cuando un patrullero persiguió y baleó a un Fiat 147, provocando un choque que causó la muerte de cuatro jóvenes e hirió gravemente a otra adolescente, familiares, amigos y vecinos de las víctimas exigieron justicia con un fuerte mensaje político, que apuntó a la responsabilidad de los policías detenidos pero también a la responsabilidad de la intendenta Sandra Mayol y de la gobernadora María Eugenia Vidal, y a la de un gobierno que alienta la represión indiscriminada.
En el Skate Park de Avenida Los Pescadores y López, el «Festival por lxs pibes» incluyó artistas de rap, skate y otras disciplinas, pero toda la angustia y la fuerza de los vecinos de Monte confluyó en la marcha hacia la plaza Adolfo Alsina, que reunió a miles de personas. Ese lugar será rebautizado como «La plaza de lxs pibes».
«Mataron y tergiversaron los hechos para ocultar la verdad. Que paguen todos los responsables de estas muertes injustas y anticipadas», pidió Susana, la mamá de Gonzalo Domínguez, uno de los chicos fallecidos en la madrugada del 20 de mayo, que nunca había hablado en público hasta este jueves. Aseguró que luchará hasta el último día de su vida «no sólo por los chicos que no están sino también por los que quedan».
Los padres de los chicos y chicas de Monte fueron acompañados por otros familiares de víctimas de la violencia institucional, como Ezequiel Demonty, Sebastián Bordón y Andrés Núñez. Yanina, la mamá de Camila López, expresó su agradecimiento y su dolor: «Cuando veía a familiares del gatillo fácil, me conmovía pero me costaba ponerme en sus zapatos. Ahora puedo hacerlo, porque me arrancaron una parte de mi alma y no puedo decirle a Camila que la amo, que no puedo tenerla en casa ni escuchar su música y que siento este vacío”.
A su turno, Gladys, la mamá de Danilo Sansone, exigió al próximo secretario de Seguridad «que investigue primero quiénes son los policías que vaya a traer, porque nosotros a veces nos callamos por miedo, pero eso no va a pasar nunca más. Vamos a ir por todos, por los que están y por los que faltan”.
Durante la madrugada del 20 de mayo, en la Colectora 9 de Julio a la altura del kilómetro 111 de la Ruta 3, un Fiat 147 chocó contra el acoplado de un camión. Aníbal Suárez, Gonzalo Domínguez, Danilo Sansone y Camila López fallecieron en el acto. Rocío Quagliarello, la quinta ocupante, en tanto, quedó gravemente herida y luego de 25 días internada, recibió el alta luego de una recuperación que la familia calificó de “milagrosa”. Todos vivían en San Miguel del Monte y solo el conductor era mayor de edad.
En un principio, la Policía Bonaerense informó que habían «embestido» porque «escaparon a toda velocidad» de un control policial. Los vecinos de inmediato protestaron para desmentir la versión oficial, pero fueron reprimidos. Días después, el fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó que uno de los chicos tenía una bala en un glúteo y que el auto en el que viajaban tenía «orificios» de arma.
Trece policías están detenidos por el hecho, de los cuales cuatro fueron imputados por homicidio doblemente agravado: el capitán Rubén García y los oficiales Leonardo Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Ibáñez. En tanto, Cristian Righero, José Domínguez y Juan Gutiérrez fueron acusados de falsedad ideológica y encubrimiento agravado.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañará la jornada con la presencia de su presidente, Adolfo Pérez Esquivel, y la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales.
“La persecución policial a los tiros contra el vehículo donde paseaban cinco jóvenes es una modalidad atroz de las masacres que la policía bonaerense viene perpetrando en el territorio», expresó en un comunicado la Comisión.
A un mes del hecho, sostuvieron que «es necesario no sólo renovar el pedido de justicia sino también reclamar cambios urgentes en la política de seguridad provincial y municipal que generaron las condiciones de posibilidad para que ocurran estos episodios de violencia estatal y muerte».
