El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Este miércoles se cumplió 30 días de una provincia convulsionada por reclamos salariales de docentes y trabajadores estatales y de un tratamiento rápido, aprobación y jura de la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, con marchas multitudinarias, implicó en su proceso distintos hechos de represión, que fueron duramente cuestionados por colectivos de derechos humanos nacionales, e intervenciones de organismos nacionales e internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH.
Todo comenzó un 5 de junio cuando los gremios docentes y estatales, se movilizaron en demanda de aumento de sueldo, con huelga por tiempo indeterminado por un sector dormido como los maestros y profesores que durmieron durante casi 8 años, pero casi de inmediato derivaron en rechazos a la sanción y jura de la nueva Constitución provincial, por diversos sectores de la sociedad.
En un contexto de tensión permanente, los cuestionamientos fueron alcanzando de manera transversal a comunidades indígenas, sindicatos y organismos de derechos humanos, entre ellos Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Hijos-Jujuy y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en DDHH y estudios sociales (Andhes).
Estas entidades, junto a otras instituciones de la sociedad civil, denunciaron la vulneración de sus derechos producidas por las modificaciones en los artículos de la Carta Magna provincial.
Una nueva marcha de antorchas, realizada anoche, conmemoró todos esos hechos y más en las calles céntricas de Jujuy con el objetivo de conseguir la aclamada «declaración de inconstitucionalidad» o la «anulación» de la reforma constitucional que está vigente desde el 21 de junio, un día después de la brutal represión en la legislatura y barrios capitalinos.
«A un mes de iniciada nuestra lucha, volvemos a iluminar las calles con nuestros reclamos por salarios dignos y derechos plenos», coincidieron diversos sectores que formaron una enorme fila de miles de personas con antorchas, velas y celulares con linternas.
Entre los asistentes estaba como siempre la consigna «arriba los derechos, arriba las wiphalas, abajo la reforma» y “arriba los salarios, abajo la reforma”, para luego abogar por la «defensa de la democracia en Jujuy».
También como viene sucediendo día tras día, alrededor de una decena de cortes de rutas nacionales y provinciales por parte de comunidades originarias, campesinos, productores, docentes y activistas.
La Convención Constituyente de Jujuy aprobó en la madrugada del 16 de junio la reforma parcial de la Constitución, luego de suscribir el texto general y cada uno de los artículos con los votos de los convencionales del Frente Cambia Jujuy, encabezados por el gobernador y precandidato a vicepresidente de la nación, Gerardo Morales y titular de la Asamblea Constituyente.
La aprobación también contó con el voto positivo de todos los diputados convencionales del Frente Justicialista, lo que abrió otra fuerte polémica en el peronismo de Jujuy, que está en terapia intensiva y a punto de ser intervenido, luego de las elecciones primarias.
La sanción de la nueva carta magna local fue calificada como «exprés» por varios sectores políticos y sociales, desde donde cuestionaron lo que definieron como una aprobación «entre gallos y medianoche».
Eso exacerbó el descontento y en esa misma jornada se inició un corte sobre la ruta nacional 9, en el acceso a la ciudad de La Quiaca, donde los movilizados soportaron temperaturas de hasta 10 grados bajo cero mientras mantenían el reclamo.
Entre los artículos más repudiados del texto constitucional se destaca el capítulo denominado «Derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica», que en uno de sus apartados ratifica «la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas».
Además, en ese capítulo se prohíbe expresamente «la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia».
En el articulado sobre tierras fiscales, capítulo rechazado por las comunidades indígenas, se establece que «la tierra es un bien de trabajo y de producción», por lo que «la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo».
Ese apartado remarca que en la regulación del suelo que figure en los catastros como propiedad del Estado se establecerán «regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la provincia».
El mismo 16 de junio, en horas de la tarde, la policía de la provincia intentó avanzar con el desalojo de manifestantes que se encontraban reclamando sobre la ruta nacional 9 en la localidad de Abra Pampa.
Al día siguiente, comuneros y miembros de los pueblos indígenas apostados en el corte de las rutas 9 y 52 a la altura de la localidad de Purmamarca, en la quebrada de Humahuaca, sufrieron al menos cuatro hechos de represión a lo largo del día, lo que dejó como saldo múltiples heridos y detenidos.
Misael Lamas, estudiante de 17 años, perdió uno de sus ojos al recibir un balazo de goma durante el operativo de la policía, denunciaron los miembros de la comunidad.
El 20 de junio, luego de una breve sesión de la Asamblea Constituyente que encabezó el propio Morales, se juró el nuevo texto normativo de la Carta Magna provincial.
La aprobación y jura desató una fuerte represión en la zona céntrica de la capital, sobre todo en las inmediaciones de la Legislatura.
Las calles de alrededor de la sede legislativa y algunos barrios como Gorriti, Alto Gorriti, Mariano Moreno y la zona de la vieja terminal de ómnibus fueron el escenario del avance policial que se extendió por casi seis horas con persecuciones, balazos de goma y detenciones que fueron denunciadas como «ilegales».
La jornada patria y feriado nacional por el Día de la Bandera, terminó con 170 heridos y casi 70 detenidos.
Jorge Rodríguez, trabajador municipal, quedó tendido esa mañana en el suelo inconsciente y herido de gravedad al perder uno de sus ojos.
El pasado sábado, esta vez en la ciudad de Humahuaca, los alrededores del Concejo Deliberante fueron escenario de una manifestación en reclamo de que los ediles se pronunciaran contra la reforma constitucional.
Entrada la madrugada y luego de conseguir la resolución legislativa, un nuevo episodio de represión policial fue el desenlace de los reclamos.
Joel Paredes, joven de 28 años, quien participaba de la protesta junto a la banda de música de la que forma parte, recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho.
A estos hechos se sumó el caso de un joven de 18 años con incapacidad motora que había sido arrestado el 20 de junio en el marco de la represión.
El 28 de junio fue nuevamente encarcelado, esta vez junto a su pareja adolescente de 17 años, tras un allanamiento «ilegal» y «sin orden judicial», denunció su abogada Alejandra Cejas, exdiputada provincial.
El joven detenido se llama Marcos Antonio Domínguez (18) y su pareja Belén Ontiveros (17), quienes según la denuncia de la letrada fueron detenidos en horas de la madrugada cuando efectivos policiales «ingresaron violentamente» al domicilio, ubicado en el barrio Coronel Arias de la capital.
El 29 de junio, efectivos policiales allanaron la vivienda de la dirigente social Milagro Sala en el barrio Cuyaya, en el marco de una causa derivada de las manifestaciones ocurridas en Jujuy.
El procedimiento fue dispuesto por el juez de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración, Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, quienes ordenaron secuestrar los celulares de los integrantes de la casa como también documentación vinculada a la Túpac Amaru, contaron allegados a la propia Sala, que cumple arresto domiciliario.
Ese mismo día, la docente y actriz jujeña Camila Müller denunció ante la Justicia ordinaria que fue agredida físicamente y amedrentada por tres personas encapuchadas que irrumpieron en su domicilio.
El episodio vivido por la actriz Müller fue denunciado como un acto de «violencia» y «persecución» y motivó el repudio de instituciones y colectivos de artistas, incluso, la Asociación de Actores y Actrices Argentinas, presidida por Alejandra Darín, quienes responsabilizaron por lo ocurrido al gobernador Morales.
«No te hagas la revolucionaria, ya te tenemos junada», fue una de las expresiones que escuchó Müller tras el ingreso de desconocidos a su domicilio, que la violentaron, torturaron y se fueron sin tocar nada, salvo “el cuerpo y alma” de Camila.
Otro de las agresiones denunciadas involucra a un joven jujeño que filmó con su celular el desplazamiento de un contingente de la policía en cercanías del domicilio del gobernador el pasado martes 20 de junio, mientras se aprobaba la reforma parcial de la Constitución provincial.
El joven, de 32 años y de quien se preserva su identidad, permanece detenido mientras su defensa, encabezada por Mariana Vargas reclama su inmediata libertad. Fue denunciado por la esposa del mandatario.
El individuo cumple prisión preventiva desde el viernes 26 de junio en la sede de la Brigada de Investigaciones ubicada en el barrio Chijra, en San Salvador.
La acusación contra el joven se valió de la filmación hecha con su celular de un grupo de efectivos que se desplazaba hacia al domicilio de Morales en el barrio Los Perales, imágenes que luego se multiplicaron en sitios web y redes mientras ocurrían detenciones y ‘apremios ilegales’ en los alrededores de la vieja terminal de ómnibus.
Hace 48 horas, el fiscal de Estado de Jujuy, Miguel Rivas, indicó en una rueda de prensa que se «perseguirá» a quienes «hayan cometido ilícitos» durante las protestas y los cortes de ruta.
«Se trata de acciones ilícitas, perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que realmente están atacando el orden constitucional», sostuvo el fiscal, y añadió: «Se va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención efectiva de los delincuentes».
Además, informó que, desde el Ministerio Público de la Acusación, órgano ajeno al Poder Ejecutivo, se buscará que «se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito».
El fiscal de Estado declaró incluso que «los autores materiales, cómplices e instigadores» de hechos que se consideren como delitos podrían recibir «hasta 25 años de cárcel» y no habilitó ninguna instancia de diálogo con los manifestantes, que ya llevan un mes de protestas en todo el territorio.
