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Abogadas que representan a las personas detenidas durante la represión de este martes en San Salvador de Jujuy denunciaron que no se está cumpliendo con el Código de Procesamiento Penal porque, pasadas 48 horas, no hay órdenes firmadas por un juez ni presencia del fiscal, y no están teniendo acceso a los expedientes. Las autoridades ni siquiera están permitiendo que las letradas y letrados estén presentes al momento de la notificación de las imputaciones, que se están realizando durante la madrugada. Este jueves, son cerca de 50 las personas que permanecen detenidas en el penal de Alto Comedero. La mayoría son varones.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Alejandra Cejas, que defiende a algunas de las personas detenidas, denunció que «los abogados y abogadas que estamos en el penal de Alto Comedero no hemos tenido acceso al expediente, a la causa ni a la imputación». Y agregó: «Ya pasaron casi 48 horas, o sea que es violatorio del propio Código de Procedimiento Penal que mandó a sancionar este gobierno».
Por otro lado, reveló que «están yendo a la madrugada a notificar de supuestas imputaciones sin la presencia de los abogados ni de funcionarios», y que «el Servicio Penitenciario no ha podido exhibir una orden firmada por un juez para la detención de todos, mujeres, hombres y menores».
«Anoche no nos permitían ingresar a dos abogadas, a mí y a la doctora Nadia Hinojosa, para ver el estado de las detenidas. Supuestamente, les decían que tenían que firmar un papel donde ellas tenían que reconocer que habían quemado autos, colectivos», relató.
En este contexto, Cejas consideró que las personas detenidas «están secuestradas».
La abogada detalló las irregularidades que están detectando: «El Código establece que máximo a las 24 horas que te detienen, tenés que tener audiencia con el juez. A las 3 horas tenés que tener comunicación con tu abogado. A las 48 horas tendría que estar por lo menos a disposición de los abogados defensores el expediente con la imputación».
«No hay nada de eso -continuó-. No sabemos cuáles son los cargos, quién es el juez, quién es el fiscal ni quién es el defensor público, si es que han fijado alguno».
Para Cejas, la situación es equivalente a un «estado de sitio» o un «gobierno de facto», porque las personas detenidas «están a disposición del gobierno provincial para lo que quiera, cuando quiera y como quiera». «Acá te detienen, te llevan a un lugar, hacen lo que quieren con vos y no tenés derecho a defensa», agregó.
«Yo quiero ver el expediente. Quiero ver a quiénes detuvieron y por qué, y quiero ver las pruebas. No hay siquiera un parte oficial del gobierno diciendo cuál es la causa, cuáles son los detenidos y quiénes son las personas que están internadas. Espero que los organismos de derechos humanos nacionales estén iniciando las acciones que corresponden», afirmó.
A su entender, «están viendo cómo acomodan la causa para el discurso político de Morales, pero así no funciona el derecho; han violado de la primera a la última garantía legal constitucional que le asiste a cualquier ciudadano de la Argentina y de Jujuy».
«No estamos pidiendo nada que esté fuera de la ley. Acá los únicos que violan la ley es la gente del gobierno, la gente de Morales», completó.
La ausencia del fiscal y del juez de turno es otra de las irregularidades marcadas por los abogados y abogadas. «Desde el martes, yo estuve cuatro veces dentro del Servicio Penitenciario. Y desde el sábado estuve en otras dos detenciones. Pedí hablar con la gente de la fiscalía, porque tienen que estar ahí; y si no, me tienen que exhibir la orden del juez. Pero no había nadie. Aparecen a las once de la noche, a las dos de la mañana, cuando los abogados no podemos entrar», relató Cejas.
Sobre esta cuestión se refirió también Eva Arroyo, referente de HIJOS Jujuy, quien estuvo detenida varias horas junto a su hija. Ambas fueron liberadas por estar incluidas en un programa de protección de testigos. «Ayer, como el fiscal Rondón no respondía las llamadas, nuestra compañera abogada fue a la fiscalía, y el policía que la atendió le dijo que el fiscal no estaba, que había estado todo el día trabajando en la casa de gobierno», relató Arroyo.
Por su parte, la abogada Mariana Vargas comentó a El Submarino Radio que «no hay mucha claridad» sobre la imputación que pesa sobre los detenidos porque «se fueron cambiando las cosas».
«Parece que el que sabe todo es el portal del diario La Nación», afirmó Vargas, y contó que en ese medio «hay como un videíto en donde se accede al expediente, filmado como en una computadora».
«Además, ayer La Nación publicó que se va a avanzar en detener a dirigentes, o a los que hicieron disturbios. Eso es información directa de la fiscalía», agregó.
Vargas mencionó además las declaraciones en el mismo sentido del ministro de Seguridad Guillermo Corro, quien a medios locales adelantó que se están evaluando nuevas detenciones a partir de los análisis de los celulares.
En tanto, cumplidas las primeras 48 horas de privación de la libertad, ya comenzaron a presentarse numerosos habeas corpus. Sobre este punto, Eva Arroyo llamó a que el resto de la población, desde cualquier punto del país, «meta un habeas corpus en todos los juzgados por cada una y cada uno de los presos».
En su caso, se refirió en particular a la situación de Néstor Pipo Mendoza, también referente de HIJOS Jujuy. «Hace casi 48 horas está detenido y todavía no tiene derecho a la defensa», indicó a El Submarino Radio, y adelantó que cumplido ese plazo van a presentar una denuncia penal por privación ilegítima de la libertad.
