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Tras conocerse el envío del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por parte del Ejecutivo, desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito afirmaron que, si bien es «un gran paso» hacia la concreción de una lucha de años, el trabajo en comisiones debería introducir algunos cambios. El más importante: la objeción de conciencia, un punto sobre el cual el colectivo está en desacuerdo.
A diferencia del proyecto del Ejecutivo, la la iniciativa de la Campaña no contempla el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales que no quieran atender casos de IVE.
Sofía Brailovsky, integrante de la sección jujeña de la Campaña, explicó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) cómo están evaluando el proyecto presentado por el Ejecutivo.
«A título personal -aclaró-, creo que es ua gran noticia que el Congreso de la Nación comience a tratar un proyecto de interrupción legal del embarazo. Para mí es una gran alegría. Y es un gran paso porque todos los proyectos se van a debatir en comisiones, y habrá modificaciones».
Es que la propuesta del Ejecutivo recoge la mayoría de los consensos surgidos tras el debate de 2018 y se discutirá junto a otras iniciativas, incluida la Campaña, en plenario de las comisiones de Legislación General, Salud y Acción Social, Mujeres y Diversidades y Legislación Penal.
Brailovsky explicó que la principal crítica que plante a la Campaña es la incorporación de la objeción de conciencia: «Esto significa que el médico o la médica puede objetar realizar la práctica. Pero la práctica está establecida como un derecho, entonces ese profesional no estaría garantizando el ejercicio de ese derecho».
Así, esperan que en el trabajo en comisiones se introduzca «explícitamente que el Estado debe garantizar que haya un médico o médica que pueda ejercer el derecho de la mujer o la persona gestante».
«Es un meollo importante», calificó Brailovsky, quien es además coordinadora del Área de Géneros de la Facultad de Humanidades de la UNJu.
La docente remarcó que el proyecto elaborado por la Campaña no incluye la objeción de conciencia a partir de lo que ocurrió en otros países. «En Uruguay, por ejemplo, hay lugares donde directamente no se garantiza el servicio», reveló, y estimó: «Habrá que negociar sobre la base de la experiencia de otros países».
«Los y las profesionales pueden objetar, pero en realidad tienen que dedicarse a otra rama de la medicina, porque las personas necesitan que se les garanticen sus derechos», analizó, y agregó: «El texto debe decir explícitamente que el servicio tiene que estar garantizado y que el estado debe contratar personas que garanticen ese derecho, porque no puede quedar librado a la conciencia de cada uno».
Sobre el resto del proyecto oficial, Brailovsky se manifestó cofnorme. «Este proyecto copia el proyecto de la Campaña. En los otros articulados el Ejecutivo tomó nuestra lucha, nuestras argumentaciones y la defensa de derechos de tantos años».
