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«Si este proyecto llegara a transformarse en ley, vamos a plantear la inconstitucionalidad». En una conferencia de prensa que anticipaba la derrota celeste, minutos antes del inicio de la sesión que terminó con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez (UCR) hacía uso de uno de los argumentos más repetidos para oponerse al derecho al aborto legal, seguro y gratuito: el planteo de inconstitucionalidad.
Aunque diversos expositores verdes dejaron en claro en los debates de comisiones que no hay sustento para esta posición, la vía judicial parece ser el último recurso que le queda a un sector que ha sabido utilizarla con los más siniestros objetivos. Página/12 dialogó con las abogadas feministas Soledad Deza y Luciana Sánchez -de amplia trayectoria en enfrentar a la Justicia patriarcal- quienes expusieron en comisiones y ahora ratifican que no solo «no hay obstáculos constitucionales para la legalización y despenalización», sino que la ley viene a garantizar derechos consagrados por Constitución.
Además, anticipan cuáles pueden ser los mecanismos utilizados por los antiderechos en la Justicia, un campo de disputa al que conocen a la perfección.
De constituciones y convenciones
«La ley reglamenta derechos constitucionales ya consagrados: la vida libre de violencia, la salud, la igualdad, la integridad y dignidad de las personas con capacidad de gestar», arranca a explicar Sánchez a este diario. Según la abogada, la ley viene a cumplir una serie de deberes estatales que, además, ya habían sido reconocidos «en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y que permanecían reglamentados de manera regresiva».
Por su parte, Deza detalla que, a pesar de los argumentos celestes, «el artículo 73 inciso 23 de la Constitución, en tanto prevé la cobertura social en casos de maternidad, no supone una protección de la vida fetal desde la concepción sino que busca asegurar la protección de la mujer embarazada», algo que «ya fue interpretado en este sentido por la Corte Suprema en el fallo F.A.L».
En su discurso en el recinto del Senado, Elías de Pérez fue aún más allá al sostener que la ley de IVE no solo es inconstitucional sino que también viola tratados internacionales a los que Argentina adhirió, anticipando que la estrategia judicial para obstruir el derecho podría trascender las fronteras del país.
En este sentido, Deza es contundente al afirmar que «Argentina recibió más de catorce recomendaciones de organismos internacionales, de tratados que suscribió, para revisar la penalización del aborto».
Sin ir más lejos, el Comité de los Derechos del Niño (Comité DN), que funciona en el ámbito de la ONU, recomendó al Estado argentino revisar la legislación penal sobre aborto para garantizar el derecho a la vida de niñas y adolescentes. Pero más allá de esto, las abogadas aseguran que los tratados no dicen lo que los celestes quieren hacerles decir, lo que ya ha sido resuelto por los propios organismos.
La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH – San José de Costa Rica) fue una de las más utilizadas por los opositores al derecho al aborto. Es que su artículo 4.1 establece el derecho a la vida «en general a partir del momento de la concepción». Sin embargo, Deza aclara que «la CADH no consagró un derecho absoluto a la vida» y agrega que dicho artículo «implica un deber de protección de la vida con carácter gradual e incremental, según interpretó la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)».
La misma Corte clarificó la frase ‘en general’ al indicar que fue utilizada para respetar regulaciones de aquellos países que incluían supuestos de aborto legal.
«En varios fallos de la Corte IDH, desde el caso ‘Baby Boy’, están saldados muchos de los planteos que se quieren reeditar contra la legalización del aborto», asevera Sánchez, quien enumera, entre otros, el caso «Campo Algodonero», que reconoce «la responsabilidad estatal por la violencia estructural hacia las mujeres» y el fallo «Artavia Murillo», que dice «expresamente que es un estereotipo de género, y no un estándar de derechos humanos, valorar que la vida del feto está por sobre la de le gestante».
Por el lado de la Convención de los Derechos del Niño «tampoco consagra la protección desde el momento de la concepción, ni la Argentina ha efectuado ninguna reserva en este sentido, así lo aclaró el fallo F.A.L.», señala Deza. Además, el Comité DN -que como se ha dicho recomendó a la Argentina revisar la legislación penal sobre aborto- «es el que marca los acuerdos interpretativos internacionales sobre la Convención», remarca la abogada.
Justicia como campo de disputa política
«No llegamos a esta ley sin una activa disputa judicial», dice Sánchez. Las dos abogadas tienen vasta experiencia en enfrentar a los mecanismos patriarcales de la Justicia. En Tucumán, Deza, integrante de la Fundación Mujeres x Mujeres y militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, logró, por ejemplo, el sobreseimiento de Belén, la joven que pasó casi tres años en prisión por un aborto espontáneo. Por su parte, Sánchez, abogada de la agrupación «Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto» durante diez años, participó entre otros de diversos litigios sobre IVE en conjunto con el CELS.
Con esta experiencia a cuestas, Deza no tiene dudas en anticipar que los sectores celestes «arremeterán contra la IVE» en la Justicia: «El arte de judicializar derechos le pertenece a los conservadurismos religiosos y neoconservadurismos políticos. Frente a la pérdida del status quo en el devenir democrático se repliegan al Poder Judicial».
Sánchez sostiene que, en el afán de intentar obstruir derechos, los celestes «van a importar estrategias de litigio de alto impacto de otros países: exigir que se exhiban ecografías, prohibición de medicación abortiva, ir limitando el acceso a recursos para abortar de manera autónoma».
Estos mecanismos no son extraños para ninguna de las dos abogadas. Sánchez es clara al recordar las prácticas siniestras que actualmente se llevan a cabo en el país: «Judicialmente se fuerza a niñas de menos de 13 años a tratamientos médicos de maduración fetal, les inyectan corticoides, les hacen cesáreas anticipadas, se las obliga a inscribir como madres al feto como un hijo difunto; son prácticas aberrantes que se llevan a cabo en hospitales de varias provincias».
Aunque sabe que «el Poder Judicial cuenta con activismo antiderechos entre sus huestes», Deza advierte que «estamos preparadas para dar esta pelea», y añade que ve «muy difícil que encuentren legitimación para acciones genéricas» ya que «ahora hay una legitimidad democrática en el derecho a abortar que será difícil revertir», señala en relación al visto bueno del Poder Ejecutivo y del Legislativo para la legalización del aborto.
«El campo judicial es otro de los espacios de disputa política y hay que resolver muchos pendientes donde la legalización cambia el escenario», asegura Sánchez. Entre otros litigios activos actualmente, la abogada ejemplifica con la judicialización de la venta de una marca de misoprostol o las causas penales contra médicos por femicidios indirectos y torturas, además de las «más de 1300 mujeres procesadas y presas por aborto en todo el país». «La nueva ley impacta de manera directa en la toma de decisiones judiciales sobre estos casos», concluye Sánchez.
