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Con la firma de cientos de académicos, profesionales, institutos universitarios y organizaciones de derechos humanos, entre muchas otras adhesiones, se presentó este viernes una carta dirigida al rector de la Universidad Nacional de Tucumán en la que se pide que «evalúe la pertinencia» de la charla que dará el ginecólogo Jorge Maciel. Se trata de uno de los profesionales que vulneraron los derechos de la niña de 11 años, embarazada a causa de una violación, a la que se le obstaculizó la interrupción legal de su embarazo.
La nota está dirigida al rector de la UNT, José García, y firmada por organizaciones como la APDH, el CELS, Amnistía Internacional Argentina, Fundación Huésped y Andhes, además de numerosas cátedras, unidades académicas de universidades nacionales y grupos de investigación. Adhieren también profesionales de distintos ámbitos.
«Las y los abajo firmantes nos dirigimos a usted con el fin de manifestar nuestra profunda preocupación respecto de la charla que brindará el médico ginecólogo Jorge Maciel en la Universidad Nacional de Tucumán y solicitamos que tome a consideración la siguiente información para evaluar la continuidad de esta convocatoria a la que la institución que usted dirige está abriendo las puertas», dice el texto.
Recuerdan luego que Maciel «tuvo un rol importante en la cadena de vulneración de derechos que sufrió ‘Lucía’, la niña de 11 años que quedó embarazada producto de una violación y a la cual diferentes profesionales de la salud del Hospital del
Este obstaculizaron la interrupción legal del embarazo, que le correspondía según lo establece el Código Penal desde 1921 y lo ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012», y remarcan que Maciel y autoridades de ese hospital «están denunciados por violación del secreto profesional y filtración de la historia clínica de la niña ante la
Fiscalía Criminal IIa Nominación de Tucumán».
«Sus acciones y discurso van en contra de las leyes nacionales y las convenciones internacionales de Derechos Humanos que exigen el respeto por la intimidad y salud mental de niños, niñas, adolescentes», advierten.
«Con esta solicitud buscamos generar la conciencia de que la vulneración de los derechos de las personas consagrados por leyes nacionales y tratados internacionales no debe ser promovida desde las instituciones como si fuera una simple opinión, una línea de pensamiento o una opción dentro de la oferta académica: la protección de los derechos humanos y el respeto por las leyes vigentes son una base de consenso y convivencia que no está en disputa», finalizan.
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