En el escrito, la fiscal Liliana Fernández señala que la imputación es por el delito de «instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real, artículos 209, 230, inciso 2º y 55 del Código Penal de la Nación».
El expediente se ocupa del acampe «y todas las acciones delictivas que se cometieron para presionar al Gobierno provincial por el manejo de la ayuda social en Jujuy”, según el cual Sala, al decidir el acampe, «alteró el orden público».
Puntualmente, Sala fue imputada por los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2015, cuando ella y un numeroso grupo de personas arribaron por calle San Martín hasta las puertas de la Casa de Gobierno. Allí, señala el texto judicial, Sala «comenzó a dar indicaciones que se manifestaron con arengas, señalamientos, ademanes y gestos, para hacer que las personas acampen indiscriminadamente en sitios públicos, instalando carpas, gazebos y otros elementos similares, obstaculizando así la libre circulación de vehículos y de personas».
La Fiscalía considera que Sala actuó con el «dolo directo de persuadir a un grupo de personas indeterminadas a producir un delito».
Además, la Fiscalía imputó a Sala por un segundo hecho: «Luego del acampe, evidenció el propósito de alzarse públicamente contra el Plan de regularización y transparencia de cooperativas y beneficios sociales dispuesto por el Gobierno de la provincia, con el manifiesto objetivo de impedir su realización».
En la imputación, se expresa que «aunque ese plan está en vigencia, los organismos públicos provinciales que llevan a cabo la regularización y transparencia en la entrega de fondos, han encontrado obstáculos para su concreción definitiva, ya que Milagro Sala y sus adeptos han perturbado y perturban de modo grave la eficacia de la resolución del gobierno, persistiendo en el acampe”.
«Con este accionar, se lograría un efecto intimidante y desestabilizador, pues Sala se rehúsa a participar del plan de regularización, pretendiendo torcer así los cursos de acción del gobierno provincial y tratar de seguir con la mecánica de manejo discrecional de fondos que tuvo durante la última década», continúa.
Esta conducta está tipificada en el artículo 230, inciso 2 del Código Penal, por lo que «actúa con el fin antijurídico de impedir la regularización y transparencia en la distribución de fondos destinados a las cooperativas».
La Fiscalía solicitó al juez que, con habilitación de días y horas, proceda a citar a Sala para que esta designe abogado defensor y luego sea sometida a declaración.