Por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A partir de una acción legal que iniciamos en representación de la Asociación Civil La Ciega, el Ministerio de Salud convoca por 30 días a personas gestantes y organizaciones a sumarse a un amparo colectivo para garantizar el acceso al aborto.
El Ministerio de Salud de la Nación finalmente publicó que se encuentra en trámite la acción judicial colectiva “Asociación civil ‘La Ciega’ c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ prestaciones médicas”, que tramita ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de La Plata.
Desde hoy [miércoles 25 de febrero] está abierta la convocatoria para que todas las personas gestantes que pudieran considerarse afectadas por la falta de insumos para acceder a un aborto o simplemente interesadas en el proceso puedan presentarse y participar del juicio colectivo.
El plazo para hacerlo es de treinta (30) días corridos, contados desde el primer día hábil posterior a la última publicación oficial del aviso en la web del Ministerio de Salud de la Nación.
Pueden sumarse todas las personas gestantes que accedan o puedan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el sistema de salud pública del país y que consideren que esta causa judicial puede impactar en el ejercicio de su derecho.
No es necesario formar parte de ninguna organización para intervenir en el proceso y son bienvenidas las organizaciones.
La información sobre el trámite del expediente y las resoluciones que se dicten pueden consultarse en http://www.pjn.gov.ar, en el apartado “Consulta de Causas Judiciales”, ingresando el número de expediente (Expediente N° FLP 1876/2025).
Para recibir asesoramiento sobre cómo presentarte o presentar tu organización, podés escribirnos a consultas@cels.org.ar.
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho reconocido por la ley, por el que luchamos durante décadas. La participación en este proceso colectivo es una herramienta para defender su vigencia sin obstáculos y para que en todo el país podamos acceder sin restricciones ni retrocesos en su implementación.
El Comité CEDAW supervisa que los Estados cumplan sus obligaciones internacionales a las que se comprometieron al firmar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El 9 y 10 de febrero se realizó el diálogo del comité con la sociedad civil y el Estado argentino. Ahora, en base a esos intercambios y los informes enviados por todas las partes emitió sus observaciones finales.
El Comité reconoció avances legislativos previos -como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610), la Ley Micaela (27.499), la Ley de Paridad (27.412) y la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans (27.636)- y señaló con preocupación que desde 2024 se comenzaron a debilitar las políticas públicas orientadas a la igualdad de género.
Entre las políticas en situación crítica, destacó:
- El desmantelamiento institucional que implicó la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, tanto por la fragmentación de sus funciones como por la pérdida de políticas, junto con fuertes recortes presupuestarios para políticas de género, contra la violencia machista y la salud sexual y reproductiva.
- El debilitamiento del acceso a la justicia a partir del cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), la reducción de asistencia jurídica y la adopción de reformas migratorias que restringen garantías procesales y afectan especialmente a mujeres migrantes.
- Los retrocesos en la prevención y atención de la violencia de género, que se verifica en la reducción presupuestaria y operativa del Programa Acompañar y de la Línea 144, en la suspensión de sistemas integrados de datos, la ausencia de un Plan Nacional integral contra la violencia y la débil implementación de la Ley Olimpia sobre violencia digital.
- Los obstáculos en salud sexual y reproductiva, a partir de la persistencia de barreras para el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo por falta de insumos, personal capacitado y regulación adecuada de la objeción de conciencia. A eso se suma el debilitamiento de la Educación Sexual Integral (ESI) y del Plan ENIA, con recortes presupuestarios, desarticulación de equipos territoriales y reducción de formación docente.
- Las reformas laborales regresivas -agregó-, sin considerar evaluaciones de impacto de género, pueden profundizar la precarización y afectar de manera desproporcionada a las mujeres.
También el Comité alertó sobre la falta de un marco nacional de cuidados integral, lo que debilita las políticas sobre el tema y aumenta la carga desproporcionada del trabajo de cuidado no remunerado.
Este escenario tiene efectos en la situación desigual de las mujeres en el mercado laboral.
- En la Argentina hay un entorno hostil para las defensoras de derechos humanos, con discursos estigmatizantes y criminalización, en particular sobre las cuidadoras comunitarias. Como respuesta a eso, el Comité exigió al Estado que adopte una legislación integral para la protección de las defensoras de los derechos humanos que incorpore evaluaciones de riesgo.
- El Comité alertó también sobre el aumento del encarcelamiento por el abuso de la prisión preventiva y pidió medidas alternativas, como el arresto domiciliario o la vigilancia electrónica. También llamó la atención sobre las denuncias por malos tratos en los centros de detención. La falta de políticas tiene un impacto diferenciado en las mujeres indígenas, migrantes y con discapacidad, agravado por reformas normativas y recortes.
Para modificar este panorama, el Comité recomendó:
- Tener un mecanismo institucional de alto nivel para trabajar políticas igualitarias de género, con recursos suficientes y federal.
- Garantizar la implementación de la Ley Micaela y reforzar la formación obligatoria en género en el Poder Judicial.
- Adoptar un Plan Nacional integral contra la violencia de género, con financiamiento adecuado, metas medibles y mecanismos de rendición de cuentas.
- Restablecer y fortalecer el Programa Acompañar (sin que sea exigible una denuncia), la Línea 144 y los sistemas de datos públicos sobre violencia. -Fortalecer los servicios de atención de la salud materno-infantil en todo el Estado y restablecer y financiar el Plan ENIA.
- Asegurar el acceso efectivo y federal al aborto legal y seguro, con disponibilidad de misoprostol y mifepristona.
- Revisar las reformas laborales y migratorias para garantizar su compatibilidad con la Convención y evitar retrocesos en derechos.
- Reforzar la protección de defensoras de derechos humanos y combatir los discursos estigmatizantes.
Hoy, mujeres cis y trans, adolescentes y niñas están abandonadas a su suerte. Más allá de cumplir con las obligaciones internacionales de protección, el Estado tiene una obligación hacia las mujeres concretas que viven hoy en el país.