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El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), Luciano Lezano, acusó al diputado libertario jujeño Manuel Quintar de ser la punta de lanza de un complot para quedarse con el control de la obra social del gremio, que mueve cientos de millones de pesos por mes.
La denuncia se emparenta con un escándalo protagonizado por Lule Menem, el jefe político de Quintar, que está a punto de ser procesado por el desfalco de la obra social de los peones rurales. En este caso, el fiscal federal Guillermo Marijuán investiga un presunto circuito de retornos. Osprera fue intervenida por el ministro de Salud, Mario Lugones, quien les cedió el control real a los Menem, que lo primero que hicieron fue meter a la Droguería Suizo Argentina de la familia Kovaliver, los mismos de las coimas denunciadas por Diego Spagnuolo en la Andis.
Según informa el sitio La Política Online, un mecanismo similar aparece en el caso de Ospail, la obra social de los empleados del Ingenio Ledesma. Los trabajadores aseguran que, junto a Quintar, participan de la jugada el expresidente de la obra social, Miguel Guerra, y su extesorera, Julieta Chocala.
Además de quedarse con «el negocio» de las prestaciones de salud de más de 5 mil afiliados, estaría en disputa la posesión de un valioso inmueble.
Lezano presentó una denuncia formal este lunes ante la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero. Allí afirma que su antecesor en el gremio, Vicente Bande, hizo un acuerdo con Quintar para que Ospail le alquilara al diputado su edificio en Libertador Gral. San Martín para el funcionamiento de la clínica Sagrado Corazón, bajo el gerenciamiento de una SRL cuya propiedad le atribuyen al libertario y su pareja.
Quintar ya había quedado involucrado en un escándalo por supuestamente favorecer que la delegación local del PAMI derive pacientes a su clínica Los Lapachos, de San Salvador de Jujuy.
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— Manuel Quintar (@manuelquintar) June 26, 2025
La maniobra
Consultado por LPO, el diputado negó las acusaciones. «Esto es una interna del sindicato, y gente vinculada al radicalismo me quiere ensuciar a mí», respondió, y agregó: «Yo solo fui abogado de la clínica, le brindé asesoramiento legal».
Los trabajadores, en tanto, remarcan que Quintar no solo es uno de los dueños de Los Lapachos de San Salvador de Jujuy sino que tiene sucursales en el resto de la provincia, y que su familia acredita ramificaciones en el sector salud. De hecho, hasta 2012 Los Lapachos se llamaba Clínica Quintar.
En diciembre pasado, cuando Lezano tomó posesión del Soeail, descubrió que a causa del acuerdo entre Guerra, Chocala y Quintar, la Ospail tenía una deuda de 183 millones de pesos, fechada en 2022. Pero el extitular de la obra social y su por entonces tesorera firmaron documentos que certificaban el incremento de ese monto a casi 500 millones, después de haber perdido la conducción gremial el año pasado. «Firmaron en diciembre, cuando ya no estaban en el sindicato», apunta Lezano.
Según la nueva conducción del Soeail, Guerra se robó las actas de la elección. Lezano asegura que sus antecesores «se borraron porque Guerra y Quintar pusieron plata para que la junta electoral demore la firma de las actas de asunción, cosa que hicieron después de ocho meses». Y agrega: «yo presenté las actas de cierre de escrutinio y, con eso, me dieron una certificación provisoria pero el plazo ya venció».
Los nuevos responsables del sindicato, que ganaron con la consigna de mejorar la cobertura de la obra social, decidieron auditar las facturas. Allí se dieron cuenta de que el monto que Bande pagaba a la clínica vinculada a Quintar trepaba a 60 millones de pesos mensuales, lo que excedía el valor de las prestaciones que luego comprobaron que rondaban solo 18 millones.
Luciano Lezano
«Estamos ante una posible estafa y, como nosotros quisimos revisar, Quintar y su gente quieren corrernos del sindicato», afirmó Lezano a LPO.
Amenazas y bloqueo de cuentas
El sindicalista reveló además que el propio Quintar lo amenazó para que mantuviera el mecanismo vigente durante la gestión anterior. «Nos mandaron a la barrabrava de un club de fútbol para tomarnos la clínica. Los sacamos, pero me intimaron a presentar la certificación, me bloquearon las cuentas del banco y la mora es de ellos», planteó.
En efecto, un grupo de personas que alegaban pertenencia al gremio convocaron, a través de las páginas del diario El Pregón, a una «Asamblea Extraordinaria Autoconvocada» que se realizó el último 29 de agosto con el objetivo de echar a Lezano. El líder sindical asistió a la asamblea y la dio vuelta con una mayoría de azucareros que lo respaldaron.
Lezano denunció la jugada como «un intento deliberado de quebrar el orden institucional y democrático de la organización», y acusó a través de una solicitada: «Detrás de esta maniobra antidemocrática se encuentra el accionar del diputado Quintar, quien busca desestabilizar al sindicato luego de que se anulara un contrato irregular con la obra social del gremio (Ospail), que solo beneficiaba económicamente al legislador y perjudicaba gravemente a la institución».
La maniobra fue también denunciada ante la Fiscalía de Delitos Patrimoniales del Ministerio Público de la Acusación. Y pidieron intervención urgente de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero y bajo la órbita de Sandra Pettovello.
Por otro lado, los opositores de Lezano también se presentaron ante Pettovello y pidieron que reconozca la asamblea extraordinaria «autoconvocada» iniciada el 22 de agosto y concluida siete días después, «mediante la cual se revocó, se expulsó y destituyó a Lezano» de la secretaría general del sindicato y la presidencia de la obra social.
Mientras tanto, Guerra y Chocala dejaron a Lezano sin firma para el manejo de la obra social. Por esa razón, peligra la atención de 5100 afiliados directos: «Tenemos familias con niños discapacitados, pacientes con tratamientos oncológicos y personas que sufren diabetes», denuncia Lezano.
