Manuel Adorni buscó cerrar el frente judicial que compromete su situación patrimonial con una estrategia netamente financiera. En un informe técnico contable de 78 carillas entregado al fiscal federal Gerardo Pollicita y al juez Ariel Lijo, el exjefe de Gabinete rechazó las acusaciones de desproporción en sus bienes y se plantó como un inversor de la primera hora del mercado criptográfico para justificar su nivel de vida.
El eje central de la defensa consistió en blanquear el origen de USD 591.544,61 en efectivo que la Justicia tenía bajo la lupa por no haber sido declarados ante la Oficina Anticorrupción. Según el escrito patrocinado por el abogado Matías Ledesma, esa fortuna en moneda extranjera provino de la venta escalonada de Bitcoin alojados en ocho billeteras virtuales. Para demostrarlo, Adorni adjuntó las claves privadas de cuentas con movimientos registrados entre 2014 y 2018.
El exvocero argumentó que estas operaciones se liquidaron en la informalidad del circuito informal o «blue», calificando la maniobra como una «conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina» ante la inestabilidad económica. Con ese «colchón» cripto fuera de los bancos, la defensa justificó gastos cotidianos, ahorros de su sociedad conyugal y viajes familiares de lujo a destinos como Aruba o el hotel Llao Llao.
Cruces por las obras en Indio Cuá
La presentación de Adorni también apuntó contra las contradicciones en torno a la remodelación de su propiedad en el exclusivo country Indio Cuá. La defensa desconoció el testimonio del contratista de la obra, Matías Tabar, quien bajo juramento aseguró haber percibido USD 245.929 en efectivo por las reformas.
Adorni Indicó que la obra demandó USD 175.000, abonados de forma transparente desde cuentas bancarias, desmintiendo las planillas del constructor, y señalando que contienen «errores de matemática elemental» en sumas que orillan los USD 285.000. Por último, en el escrito aseguró que el lote costó USD 120.000, saldados mediante un crédito hipotecario de USD 100.000 y USD 20.000 que su esposa, Bettina Angeletti, tenía guardados en efectivo.
Otro de los flancos débiles del expediente consistía en el presunto uso de terceras personas subordinadas en la estructura de la Casa Rosada para facturar consumos personales. La fiscalía investigaba, entre otras transacciones, la compra de un «monitor gamer» y proyectores para videojuegos por $5.848.589, además de sommiers por más de $8.183.383, facturados a nombre de la empleada pública Gisela Kocsis.
La defensa minimizó la sospecha de testaferros y lo atribuyó al estrés de la gestión. Argumentaron que, dada la intensa carga horaria de Adorni, era habitual delegar tareas de índole doméstica y compras particulares en Kocsis por una estricta relación de confianza. Una justificación similar usaron para Laura Daniela Schiuma -quien le prestó tarjetas de crédito apelando a una amistad previa- y para Luis Enrique Aluju, dueño de un proyector enviado al domicilio del exjefe de Gabinete únicamente por razones logísticas.
La «brecha» de los 43 millones
Finalmente, sobre el descalce de $43.068.549 detectado originalmente entre los ingresos familiares y los gastos declarados, el informe contable argumentó que representa apenas el 15,8% de los egresos totales reconstruidos ($272.820.832,20).
Lo catalogaron como una «brecha residual» esperable, producto de las oscilaciones de las cotizaciones informales de las divisas y de gastos menores que carecen de comprobantes electrónicos en los registros de ARCA.
Con este masivo descargo técnico respaldado en la rentabilidad del Bitcoin, Adorni busca clausurar el requerimiento fiscal. La fiscalía de Pollicita revisará la validez de los soportes informáticos provistos; si considera que la justificación en «billeteras virtuales informales» carece de sustento legal, el expediente avanzará de manera inminente hacia un pedido formal de declaración indagatoria ante el juez Lijo.
Tiempo